El objetivo de la reforma no es decretar una extensión obligatoria y repentina de las horas de clase en todo el territorio nacional.
En su lugar, el proyecto establece que las entidades territoriales e instituciones deban priorizar y avanzar hacia la jornada única en colegios oficiales cada vez que organicen o contraten la administración de sus servicios educativos.
Para que un colegio del país pueda adoptar este esquema de tiempo completo, se deben cumplir obligatoriamente tres requisitos estructurales:
Infraestructura suficiente: Aulas y espacios aptos para la permanencia de los alumnos.
Planta de docentes disponible: Profesores capacitados para cubrir la intensidad horaria.
Recursos financieros estables: Presupuesto que garantice la alimentación y el sostenimiento escolar.
Por esta razón, la aplicación de la medida sería progresiva. Cada municipio y departamento tendrá que analizar de forma individual sus propias capacidades antes de ordenar cualquier modificación.
Uno de los puntos más llamativos de la propuesta es cómo planea solucionar los problemas históricos de las escuelas públicas.
Cuando una región registre limitaciones físicas o sufra por la insuficiencia de la planta de docentes, los estudios técnicos obligatorios no podrán limitarse a buscar soluciones temporales.