La protesta comenzó tras la decisión del gobierno de Daniel Noboa de eliminar el subsidio al diésel, lo que disparó el precio de ese combustible de US$ 1,80 a US$ 2,80 por galón.
El paro ha sido convocado principalmente por organizaciones indígenas (CONAIE, Unorcac, FICI, entre otras), con apoyo de campesinos y sectores sociales que se sienten gravemente afectados por el alza en costos de transporte, agricultura y víveres.
Estado actual (hasta el 16-17 de octubre)
Aunque se alcanzaron acuerdos en Imbabura para levantar el paro local, la medida no es aceptada por todas las comunidades. Algunos grupos indígenas han rechazado el acuerdo y anuncian que seguirán con bloqueos y asambleas.
Vías bloqueadas continúan en provincias como Imbabura, Carchi, Pichincha y Loja.
En Imbabura, los bloqueos podrían mantenerse hasta el lunes 20 de octubre, según comunidades locales que no reconocen los acuerdos iniciales.
Grupos disidentes indígenas han manifestado que el paro no ha terminado y seguirán en resistencia en varios puntos.
Hay denuncias de exceso en el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad. También se reportan heridos, arrestos y muertes durante los enfrentamientos.
El gobierno ha desplegado 5.000 soldados adicionales para despejar rutas y restablecer el orden.
Explosiones en puentes y vehículos con explosivos han sido reportadas como acciones que buscan generar caos en las vías principales.
Proyección y riesgos
La división interna entre dirigentes indígenas y las bases complica la implementación de acuerdos y el levantamiento efectivo del paro.
Si el gobierno insiste en no revertir la eliminación del subsidio, podría persistir la protesta como crisis de legitimidad política.
Existe el riesgo de que algunas disputas se radicalicen o que grupos externos aprovechen el desorden (como los ataques explosivos) para desestabilizar aún más la situación.
Las mesas de diálogo prometidas tienen plazo a partir del lunes 20 de octubre, aunque su efectividad dependerá de la voluntad política del gobierno y la representatividad real de las dirigencias indígenas.
