La paciencia se agotó. Los residentes del barrio Libertador de Pitalito decidieron acudir a la justicia interponiendo una acción popular contra la Alcaldía municipal y Empresas Públicas de Pitalito, ante la falta de respuesta efectiva frente a las inundaciones constantes y el deficiente sistema de saneamiento básico que por años ha afectado a la comunidad.
El proceso judicial fue promovido por Cristian Fabián Córdoba Gómez, presidente de la Junta de Acción Comunal, quien representa a decenas de familias que según denuncian han elevado múltiples requerimientos sin obtener soluciones concretas. “Nos hemos sentido abandonados, porque las respuestas institucionales son promesas sin ejecución”, expresó el líder comunal.
Inundaciones y riesgos
Las afectaciones más graves se concentran en la Carrera Quinta y sectores aledaños, donde las lluvias provocan desbordamientos que inundan viviendas, locales y calles enteras. El agua estancada deja tras de sí montones de basura, malos olores y daños estructurales, deteriorando la calidad de vida de los habitantes.
Además, los encharcamientos con aguas negras generan un grave riesgo sanitario. “Aquí convivimos con el miedo a enfermar, los niños no pueden jugar afuera, y muchos hemos perdido nuestros enseres por las inundaciones”, comentó una habitante del sector.
La comunidad insiste en que Empresas Públicas, bajo la dirección de Carolin Calderón, debe asumir su responsabilidad técnica y operativa en la prestación de los servicios de alcantarillado y drenaje. Reclaman mantenimiento inmediato de los sumideros y la implementación de obras que mitiguen los daños.
Obras inconclusas
La acción popular también cuestiona la Licitación Pública N.º 011 de 2019, mediante la cual se construyó el puente vehicular sobre el río Guarapas. Según la denuncia, los estudios técnicos advertían la necesidad de drenajes superficiales y sumideros eficientes, pero estas obras no se ejecutaron o fueron realizadas de manera deficiente.
Una visita técnica en abril de 2024 confirmó el taponamiento de alcantarillas y la insuficiencia de tubos de desagüe, ratificando los reclamos de la comunidad.
Derechos vulnerados
Los habitantes advierten la vulneración de derechos fundamentales como el acceso a la salud, la vivienda digna y un ambiente sano, y solicitan al juez ordenar acciones inmediatas de mitigación, limpieza y canalización de aguas, además de un plan integral de riesgo para evitar futuras emergencias.
El llamado directo es para Empresas Públicas y la administración municipal, encabezada por Carolin Calderón, para que pasen de los informes técnicos a las soluciones reales. El barrio Libertador no pide promesas: exige dignidad, salubridad y compromiso institucional frente a una crisis que se agrava con cada aguacero.