En el interior del departamento del Guaviare se encuentra localizada la comunidad indígena La Yuquera, sobre la margen derecha del río Unilla, aproximadamente a 73 Km de la cabecera municipal de Calamar y a 100 km del casco urbano de San José del Guaviare, la capital.
De acuerdo con los reportes de los últimos años, este resguardo ha sido fuertemente afectado por el cambio climático. Además, existe una fuerte disputa por sus territorios debido a la presencia de colonos agricultores y organizaciones criminales que buscan desplazar a sus habitantes por medio de la violencia.
El capitán de La Yuquera, Gustavo Ramiro Bernal Sierra, explica que debido a estos factores se ha reducido el número de habitantes de la comunidad indígena debido a que “este problema se ha presentado con mayor intensidad desde hace dos años”, cuenta Bernal, quien además desarrolla la labor de verificación a través de recorridos periódicos por el área del resguardo para evitar la presencia de invasores.
Una amenaza para el territorio
Actualmente, se sabe que el resguardo La Yuquera tiene 7708 hectáreas, sin embargo, la comunidad podría perder más de 4000 hectáreas debido a una modificación en la cartografía que lo reduciría a 3576 hectáreas para talar los bosques.
Así mismo, una de sus carreteras intermunicipales más importantes que permite la comunicación y el comercio entre las familias indígenas, ha sido convertida en uno de los siete núcleos de deforestación de la Amazonía colombiana durante los últimos años y las consecuencias hoy las padecen los resguardos.
Abandono estatal
Los líderes del resguardo aseguran que ni las alcaldías de Calamar o Miraflores, cercanas a La Yuquera, ni las personerías, tampoco la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico (CDA), todavía no han hecho presencia en el área del resguardo para conocer su crisis y plantear soluciones. Por lo tanto, lo poco que tienen para sobrevivir y defender sus territorios lo han conseguido por sus propios medios.
Aunque los habitantes de La Yuquera, han optado por las vías de la diplomacia para defender su territorio, es un hecho que ni los diálogos con los cultivadores invasores ni las denuncias ante las autoridades han sido efectivas para la etnia tucano, conformada por doce familias reconocidos por el Estado a través de la Resolución No. 027 de 1994, expedida por el desaparecido Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora).
Finalmente, esta comunidad sigue a la espera de que a través del Ministerio de Ambiente se contribuya a reducir la presión existente y se desvanezca el fantasma del despojo, debido a que la ministra Susana Muhammad, aseguró que intervendrán e inhabilitarán las vías ilegales que se han creado en la Amazonía que incentivan el acaparamiento de tierras, la deforestación y el desplazamiento forzado.