En medio del creciente drama humanitario en la frontera colombo-ecuatoriana, el concejal de Pasto Andrés Acosta, del partido Nuevo Liberalismo, se convirtió en el primer funcionario público en pronunciarse con firmeza sobre el trato recibido por más de 600 colombianos deportados desde Ecuador, quienes llegaron en condiciones precarias y sin atención estatal inmediata.
Durante una sesión del Concejo Municipal, Acosta adelantó un debate de control político en el que denunció la ausencia de una respuesta institucional articulada del gobierno nacional, especialmente la falta de liderazgo diplomático, dada la actual vacancia en la Cancillería de Colombia.
“No se trata de si estas personas tienen antecedentes penales o no. Se trata de seres humanos, ciudadanos colombianos, que fueron entregados en la frontera sin ningún tipo de coordinación previa ni garantía de derechos básicos”, manifestó Acosta en su intervención.
La crisis en la frontera: abandono y descoordinación
Los deportados, en su mayoría personas que cumplían condenas o se encontraban en situación migratoria irregular en Ecuador, fueron dejados en el sector conocido como La Fiestera, en el puente internacional de Rumichaca, sin recursos, sin alimentos y sin personal oficial que los recibiera o gestionara su tránsito seguro.
Gracias a la acción humanitaria de las autoridades locales de Ipiales, así como de organizaciones de la sociedad civil, se logró mitigar parcialmente la emergencia. Sin embargo, el concejal advirtió que esta situación no puede seguir dependiendo de la buena voluntad local.
Llamado a la embajadora en Ecuador y al gobierno nacional
En un tono firme, Andrés Acosta hizo un llamado directo a la embajadora de Colombia en Ecuador, María Antonia Velasco, exigiendo una actuación más decidida frente a las autoridades ecuatorianas y un monitoreo más riguroso de los procesos de deportación.
“A la embajadora le corresponde garantizar que, independientemente de los delitos o situaciones judiciales, los colombianos reciban un trato digno y seguro. No podemos aceptar deportaciones masivas sin coordinación diplomática, sin plan de acogida, sin protocolos básicos”, señaló Acosta.
También insistió en que el Ministerio de Relaciones Exteriores debe asumir con urgencia la designación de un Canciller en propiedad, pues la falta de dirección política está afectando gravemente la capacidad del país para responder en escenarios internacionales sensibles como este.
Una voz solitaria pero necesaria
Hasta ahora, Andrés Acosta es el único funcionario electo que ha abordado públicamente esta crisis, visibilizando una realidad que afecta tanto la dignidad humana como la seguridad fronteriza.
Con su intervención, pone sobre la mesa una discusión que ha sido ignorada por los altos niveles del gobierno central y por buena parte del establecimiento político nacional. Su postura no solo interpela a las autoridades, sino que llama a la sociedad a no mirar hacia otro lado frente al abandono de cientos de compatriotas.