El concejal de Pasto, Andrés Acosta, del partido Nuevo Liberalismo, se convirtió en el primer funcionario público en hablar con firmeza sobre la crítica situación de más de 600 colombianos deportados desde Ecuador. Estas personas llegaron al país en condiciones precarias, sin atención inmediata por parte del Estado.
Durante una sesión del Concejo Municipal, Acosta lideró un debate de control político. Allí denunció la falta de una respuesta coordinada por parte del gobierno nacional. En especial, criticó la ausencia de liderazgo en la Cancillería, que actualmente se encuentra vacante.
“No importa si tienen antecedentes penales o no. Son seres humanos, ciudadanos colombianos, que fueron entregados en la frontera sin coordinación ni garantías mínimas”, declaró el concejal.
Una crisis con rostro humano
La mayoría de los deportados cumplía condenas o tenía situaciones migratorias irregulares en Ecuador. Las autoridades ecuatorianas los dejaron en el sector conocido como La Fiestera, en el puente internacional de Rumichaca. Llegaron sin recursos, sin comida y sin ningún funcionario colombiano que los recibiera.
Gracias a la acción humanitaria de las autoridades locales de Ipiales y de organizaciones civiles, se logró mitigar parte de la emergencia. Sin embargo, Acosta advirtió que la solución no puede depender únicamente de la voluntad de los actores locales.
Llamado a la acción diplomática
En tono firme, el concejal pidió a la embajadora de Colombia en Ecuador, María Antonia Velasco, asumir un papel más activo frente a las autoridades ecuatorianas. También exigió que se supervise con mayor rigor los procesos de deportación.
“La embajadora debe garantizar un trato digno y seguro para todos los colombianos, sin importar su historial judicial. No podemos permitir deportaciones masivas sin protocolos ni planificación”, afirmó.
Además, insistió en la necesidad urgente de que el Ministerio de Relaciones Exteriores nombre un Canciller en propiedad. Según Acosta, la falta de liderazgo político afecta gravemente la capacidad del país para responder ante crisis internacionales como esta.
Una voz que rompe el silencio
Hasta el momento, Andrés Acosta es el único funcionario electo que ha abordado públicamente esta crisis. Su intervención visibiliza una realidad dolorosa que afecta la dignidad humana y la seguridad fronteriza.
Con su postura, Acosta no solo cuestiona la pasividad del gobierno. También invita a la sociedad a no ignorar el abandono que sufren cientos de compatriotas en la frontera.