Román Quintero, concejal/foto: archivo particular.
El concejal de Tunja, Román Quintero, denunció públicamente haber recibido presuntas amenazas contra su vida y la de su familia, luego de adelantar actividades relacionadas con el control político en la capital boyacense. Según el cabildante, la situación fue puesta en conocimiento de las autoridades competentes, incluyendo la Personería Municipal y la Fiscalía General de la Nación, con el objetivo de solicitar acompañamiento institucional y medidas de protección que garanticen su seguridad mientras continúa con el ejercicio de sus funciones.
A través de un pronunciamiento público, Quintero rechazó de manera categórica cualquier tipo de intimidación y aseguró que estas situaciones no lo apartarán de su labor como representante de la ciudadanía en el Concejo Municipal. En sus declaraciones, insistió en que el control político es una herramienta fundamental para la vigilancia de la gestión pública y la defensa de los intereses colectivos.
“Denunció y rechazó de manera contundente las amenazas contra mi vida, mi integridad y la de mi familia”, manifestó el concejal, quien además hizo un llamado a que las diferencias políticas y los debates institucionales se tramiten dentro de los escenarios democráticos establecidos, sin recurrir a presiones o actos de intimidación.
El corporado señaló que continuará desarrollando sus funciones con responsabilidad y respeto, reiterando su compromiso con la transparencia en la administración pública y la defensa de los recursos del municipio.
Hasta el momento, las autoridades no han entregado un pronunciamiento oficial sobre el origen de las presuntas amenazas ni sobre eventuales avances en las investigaciones. Se espera que los organismos competentes evalúen la situación y definan las medidas necesarias para garantizar la seguridad del concejal y de su entorno familiar.
Este caso se suma a las alertas recurrentes que han manifestado algunos líderes políticos locales en el ejercicio del control fiscal y político, en medio de un contexto en el que persisten tensiones entre sectores de la administración pública y algunos representantes del concejo municipal. Las autoridades continúan con el seguimiento del caso para esclarecer los hechos y establecer si se configuraron delitos relacionados con amenazas o intimidación a servidores públicos.