Durante el debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, la representante a la Cámara Katherine Miranda presentó denuncias sobre dos casos de posibles ejecuciones extrajudiciales, conocidas en Colombia como ‘falsos positivos’, ocurridos en 2024 en los departamentos de Antioquia y Meta.
Miranda señaló que el primer caso se registró en Ituango (Antioquia) en diciembre de 2024, donde aseguró que un civil identificado como John Byron Londoño fue detenido por tropas del Ejército, golpeado y posteriormente abatido por militares, quienes después habrían intentado simular un combate. Según la congresista, las manipulaciones del cadáver incluyeron la colocación de un arma en su mano, pese a que la víctima no tenía pulgar en esa extremidad, lo que cuestiona la versión oficial de enfrentamiento.
El segundo caso denunciado ocurrió en Vista Hermosa (Meta) en noviembre de 2024, donde Antonio José Dagua Gómez, un líder campesino, fue presentado por el Ejército como integrante de las disidencias de las Farc tras su muerte en un operativo. Habitantes de la zona han asegurado que no hubo enfrentamiento real, y que la víctima no formaba parte de grupos armados.
Estas denuncias forman parte de un debate político más amplio en el que se discute la responsabilidad del gobierno en operaciones militares que han causado la muerte de menores y civiles, en medio del cuestionamiento nacional e internacional sobre la legalidad y ética de ciertos procedimientos del Ejército.
Frente a las acusaciones, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que las autoridades competentes —como la Fiscalía— ya adelantan investigaciones sobre estos hechos y que cualquier irregularidad será sancionada conforme a la ley. El jefe de la cartera también destacó que no se tolera el uso indebido de la fuerza por parte de las tropas y que los casos están bajo revisión.
El debate, que ha generado tensiones dentro del Congreso, continuará con la deliberación sobre la moción de censura y otras denuncias relacionadas con la seguridad nacional y el respeto a los derechos humanos en operaciones castrenses.