Consejo Gremial Nacional se pronunció sobre la aprobación del Acuerdo de Escazú en primer debate

Consejo Gremial Nacional solicita respetuosamente al Honorable Congreso de la República y al Gobierno nacional, la no ratificación del Acuerdo de Escazú. El Consejo Gremial Nacional, en representación del sector empresarial colombiano, registra con preocupación la aprobación de parte de […]

abril 28, 2022 | 4:23 pm
Tomada de Internet

Consejo Gremial Nacional solicita respetuosamente al Honorable Congreso de la República y al Gobierno nacional, la no ratificación del Acuerdo de Escazú.

El Consejo Gremial Nacional, en representación del sector empresarial colombiano, registra con preocupación la aprobación de parte de la Comisión II del Senado de la República del proyecto de ley que busca ratificar el Acuerdo de Escazú y hace un llamado respetuoso al Gobierno nacional y en particular al Honorable Congreso de la República, a la no ratificación del mismo.

 

El Consejo Gremial Nacional está comprometido con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, con la promoción, el respeto y la defensa de los Derechos Humanos incluida la de los líderes ambientales, con una pronta y cumplida justicia en los casos en los que sean vulnerados, con al acceso a información ambiental y mecanismos de participación ciudadana.

 

Dicho lo anterior y luego de un análisis cuidadoso del tratado y de la normatividad nacional e internacional aplicable en el país, el Consejo Gremial Nacional insiste en que el Acuerdo de Escazú es innecesario y altamente riesgoso -por ende inconveniente- para Colombia y en particular para la reactivación y el crecimiento económico, el incentivo a la inversión y fortalecimiento del tejido empresarial, la generación de empleo y la contratación de bienes y servicios. A continuación se reiteran algunas de la razones de la preocupación señalada:

 

El Acuerdo de Escazú propende por el respeto, defensa y protección de los Derechos Humanos y en especial la de los líderes sociales y ambientales. Colombia cuenta con una amplia y rigurosa normatividad de orden constitucional y legal al respecto, y ha suscrito tratados internacionales que cumplen con los objetivos del Acuerdo sobre la materia. Es de vital importancia que el Estado Colombiano fortalezca las instituciones encargadas de la defensa y protección de los mismos, garantizando los recursos económicos necesarios para el cumplimiento de este mandato Constitucional.

 

El Acuerdo de Escazú fomenta la participación ciudadana y el acceso a información del sector ambiental. Colombia cuenta con un amplio sistema normativo de participación ciudadana y acceso a la información, que siendo susceptibles de mejora, no requieren de un tratado internacional que contempla mecanismos poco convenientes al respecto.

 

El Acuerdo de Escazú contempla que cualquier ciudadano, sin tener interés legítimo en una actividad o proyecto en proceso de licenciamiento ambiental, y sin verse afectado de manera directa o indirecta, pueda, en todas las etapas del mismo, pueda interponer acciones administrativas o judiciales y afectarlo, causando una enorme inseguridad jurídica.

 

El Acuerdo de Escazú obliga a las entidades públicas a revelar información confidencial de las actividades y proyectos en trámite y obliga a los actores privados, parrticulares o sociedades, a entregar información confidencial de sus operaciones, violando principios fundamentales y de competencia, en una intromisión indebida en la esfera privada.

 

El Acuerdo de Escazú dice propender por la garantía de la protección al medio ambiente. Olvida que se encuentra ampliamente definida en la Ley y en la jurisprudencia, mediante varios mecanismos como procesos de licenciamiento ambiental, Estudios de Impacto Ambiental, Planes de Manejo Ambiental y Guías Ambientales, entre otros muchos.

 

El Acuerdo de Escazú permite que cualquier organización, nacional o internacional, pueda hacer uso de acciones administrativas o judiciales, lo que conduciría a que una organización del exterior, independiente de su interés -no requiere que sea legítimo- afecte una actividad o proyecto de desarrollo, de cualquier sector económico.

 

El Acuerdo de Escazú no admite reservas y establece la supremacía de una entidad multilateral, para resolver las eventuales controversias que se presenten entre las partes en cuento a su aplicación e interpretación. Obliga a los Estados Parte, a acatar decisiones de un tribunal por crear o de la Corte Internacional de Justicia, a la que Colombia renunció, con ocasión de la disputa territorial y marítima con Nicaragua.

 

La protección, garantías, principios, trámites y derechos que pretenden reconocerse con el Acuerdo de Escazú no suman al ordenamiento nacional pues muchos ya están incluidos, tienen reconocimiento jurisprudencial y se vienen aplicando, y por el contrario generan un enorme riesgo, cuando el país reclama con urgencia reactivación, crecimiento, y empleos.