El panorama político en Colombia entra en una fase de máxima tensión institucional. A través de un extenso pronunciamiento en su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro confirmó que el progresismo acudirá a los tribunales con el fin de demandar la nulidad de las elecciones del pasado 21 de junio, en las cuales resultó ganador el abogado Abelardo de la Espriella.
La estrategia jurídica, que busca incluso suspender de forma cautelar la ceremonia de transmisión de mando programada para el 7 de agosto, es liderada por el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) y exsuperintendente Luis Guillermo Pérez.
“Ningún(a) progresista debe responder con violencia, en ninguna parte del país, solo pasamos a acciones judiciales que incluyen la nulidad de las elecciones. Y que tendrán su tiempo”, manifestó el mandatario saliente en redes sociales.
La ruta de la demanda ante el Consejo de Estado
El recurso judicial, respaldado por una recolección masiva de firmas a través de una plataforma virtual creada por Pérez, apunta a ser radicado formalmente este 7 de julio. La acción legal se interpondrá ante la Sección Quinta del Consejo de Estado y estará dirigida no solo contra la elección de De la Espriella, sino también en contra del CNE y de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Los tres argumentos centrales plasmados en la iniciativa ciudadana para invalidar el triunfo presidencial son:
- Coacción al electorado: Se acusa al presidente electo de realizar declaraciones sistemáticas y masivas que presuntamente generaron un clima de hostigamiento y miedo en los votantes.
- Doble nacionalidad: Se insiste en el debate sobre su ciudadanía colombiana y estadounidense como un factor de presunta incompatibilidad.
- Intervención extranjera: Se cuestiona el respaldo público explícito que el mandatario norteamericano, Donald Trump, le brindó a De la Espriella durante la contienda.
De ser admitida la demanda, el primer gran pulso jurídico consistirá en definir si el alto tribunal acepta la medida provisional de urgencia para congelar el relevo presidencial a falta de poco más de un mes para la fecha constitucional.
«Resistencia activa» y demandas personales
El anuncio del presidente saliente no ha sido bien recibido por diversos sectores políticos, quienes le exigen reconocer de manera definitiva los resultados de los comicios oficiales. Las alarmas aumentaron luego de que Petro hiciera mención a lo que catalogó como una «fase de resistencia activa». El mandatario advirtió que «si el Gobierno entrante agrede los derechos logrados, el pueblo tiene el derecho de defenderlos en todo el país y en todas las calles», además de arremeter contra la nueva administración asegurando que «el fascismo colombiano que llega al poder no tuvo las mayorías de Colombia».
Finalmente, Petro anticipó que una vez deje el cargo y quede libre del peso de la investidura presidencial, iniciará una ofensiva jurídica propia en el ámbito civil. El mandatario aseguró que interpondrá denuncias penales y demandas civiles por injuria y calumnia contra cualquier persona que cometa delitos de opinión o exprese «odios y complejos» en su contra, en perjuicio de su familia o del movimiento progresista.