Esta fue una demanda en contra del mandatario, interpuesta a finales del mes de agosto de 2020, por el abogado ambientalista Juan Felipe Rodríguez Vargas.
El presidente Iván Duque interpuso acciones legales en su defensa luego que se ordenara su arresto, por un presunto incumplimiento del fallo de tutela de la Corte Suprema en noviembre del 2020 (que declaró como sujeto de derechos al Parque de los Nevados).
Sobre lo anterior, la Corte Suprema de Justicia revocó la sanción impuesta, al comprobar que sí se cumplió las actividades correspondientes para preservar los derechos fundamentales a la vida, salud y ambiente sano del Parque Natural; decisión que la Corte le había ratificado al Tribunal Superior de Ibagué.
“La Presidencia de la República se pronunció a través de su departamento administrativo, quien manifestó que delegó en el Ministerio de Defensa Nacional la labor de designar un grupo especial de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional, cartera ministerial que desde el 21 de enero de 2020 ha realizado diferentes reuniones con las accionadas y vinculadas al trámite constitucional con el acompañamiento de la Consejería Presidencial para las Regiones, la Policía Ambiental de Risaralda y de Carabineros del área Metropolitana de Pereira y la Quinta y Sexta División del Ejército Nacional».
También dejaron claro que, aunque los jueces constitucionales si pueden imponer el correctivo a los aforados, en este caso no aplicaría el correctivo, pues Duque estaría dando cumplimiento de lo que lo estaban acusando.
<< En conclusión, el desacato es un mecanismo de coerción que surge en virtud de las facultades disciplinarias del juez (CC SU034-2018), que conforme lo planteó esa Corporación, en las decisiones citadas en precedencia «desbordan el ámbito específico del fuero», de modo que las eventuales determinaciones que se adopten están al margen de las «sanciones penales a que hubiere lugar» conforme el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991>>.
Esta fue una demanda en contra del mandatario, interpuesta a finales del mes de agosto de 2020, por el abogado ambientalista Juan Felipe Rodríguez Vargas, quien alegaba el incumplimiento y violación de los derechos fundamentales del Parque.