El sonido del uniforme al ajustarse en la madrugada ya no significa solamente el inicio de una jornada más. Para los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), representa un salto diario al vacío. Una ruleta rusa en la que el deber pesa tanto como el miedo.
El asesinato de sus compañeros, la amenaza constante y la incertidumbre diaria se han convertido en una sombra que no se despega ni en la calle ni en el hogar. La violencia se ensaña con quienes dedican su vida a custodiar a quienes infringieron la ley. Ahora, las organizaciones criminales parecen haber invertido los papeles, y los guardianes se han convertido en blanco.
Solo en los últimos años, más de 23 funcionarios han sido asesinados, según registros sindicales. Cifras frías que no alcanzan a dimensionar el vacío que dejan los caídos.
Visita
Iván Darío Burgos Torres, dragoneante del Inpec e integrante de la Junta Directiva del Sindicato ASPEC cárcel Jamundí, y Luis Torres Davalos, presidente de ASPEC Jamundí, llegaron hasta Diario del Sur buscando que el país escuche este grito que intenta romper el silencio oficial.
Sus palabras llegan cargadas de dolor, rabia y un profundo sentido de responsabilidad frente a los suyos. “Se están presentando ataques sistemáticos y no sabemos por qué. Están quitándoles la vida a quienes portan el uniforme con honor”, relata Torres, con el ceño apretado por la impotencia.
Cali, Palmira, Bogotá… lugares donde la violencia acecha sin dar explicación, donde una moto que se estaciona más de la cuenta se convierte en amenaza.
Solicitud
Los funcionarios, cuentan, son seguidos. Observados. Perseguidos. Los criminales estudian sus rutas, sus horarios, sus rutinas, y atacan cuando la puerta del penal queda atrás y el guardián vuelve a ser padre, madre, hermano.
Cuando se quita el uniforme, pero no la condena de la amenaza. Han tocado puertas. Muchas. Denuncias ante la Fiscalía, solicitudes de protección, alertas a entidades del Estado. Pero las respuestas, aseguran, han sido insuficientes. “La protección ha sido muy limitada. Necesitamos apoyo permanente y estrategias que garanticen nuestra seguridad”, recalca Torres.
Lo que está en juego no es solo la vida de los funcionarios: es la estabilidad misma del sistema penitenciario. Si los custodios mueren o trabajan con miedo, ¿quién controla a quienes ya han demostrado que pueden asesinar incluso desde una celda?
Honrar
El Ministerio de Justicia, esperan, debe fortalecer los anillos de seguridad en los entornos carcelarios. El Estado, dicen, debe honrar la labor de quienes, día tras día, contienen a la criminalidad tras los muros que protegen a la ciudadanía.
“Pedimos al Estado que nos escuchen”, afirma Burgos Torres con contundencia. El silencio gubernamental, especialmente de la Presidencia, se siente como un abandono. “Tenemos una vida fuera de nuestra labor. Nuestras familias también están en riesgo”.
La advertencia final retumba con fuerza: Si el gobierno de Colombia no actúa, buscarán protección internacional. Porque no puede ser que en Colombia portar un uniforme termine siendo una sentencia de muerte. Porque los guardianes también necesitan ser protegidos. Porque mantenerse en pie no debería costarles la vida.