La operación, que involucró a alrededor de 2.500 agentes y estuvo dirigida contra la red de narcotráfico del Comando Vermelho, dejó un balance oficial de al menos 64 fallecidos, entre ellos cuatro policías. Algunos medios estiman que la cifra real de muertos podría superar los 120.
Los cuerpos recuperados por los vecinos —todos hombres, según relatos— fueron trasladados a la Plaza São Lucas, donde permanecieron expuestos para que las familias pudieran reconocer a sus desaparecidos. La identificación será realizada por peritos en el Instituto Médico Forense (IML), aunque todavía no está claro cuántos de los cuerpos hallados corresponden a la lista oficial de víctimas.
La intervención, descrita como la más letal en la historia reciente de Río, ha generado indignación y protestas. Organizaciones de derechos humanos piden una investigación profunda y transparente, denunciando posibles ejecuciones extrajudiciales.
Según testigos, la recuperación de los cadáveres en las zonas boscosas fue liderada mayormente por mujeres —hermanas, madres o compañeras de los desaparecidos— que buscaban desesperadamente a sus seres queridos.
Mientras tanto, las autoridades sostienen que el operativo fue necesario para debilitar al Comando Vermelho, una de las bandas más poderosas de Río. Sin embargo, los críticos advierten que la estrategia militar podría agravar la violencia en las comunidades más vulnerables.