El presidente electo, Abelardo de la Espriella, ordenó el inicio de acciones legales tras la divulgación de audios que comprometerían a exfuncionarios del Gobierno de Gustavo Petro en supuestos acercamientos y concesiones al Clan del Golfo.
A través de un comunicado oficial, el mandatario electo informó que encomendó al vicepresidente electo y coordinador del comité de empalme, José Manuel Restrepo, revisar el material conocido públicamente para determinar si existen fundamentos que permitan presentar denuncias penales, disciplinarias y otras actuaciones ante las autoridades competentes.
Según De la Espriella, las revelaciones sobre posibles acuerdos entre altos funcionarios y la organización criminal representan un asunto de alta gravedad institucional que debe ser esclarecido mediante los mecanismos previstos por la ley.
Dentro de las instrucciones impartidas también figura la remisión de la información al Departamento de Justicia de Estados Unidos, con el fin de que ese país evalúe si los hechos tienen relevancia dentro de sus competencias, especialmente por los eventuales efectos sobre procesos de extradición.
Asimismo, el presidente electo pidió poner el caso en conocimiento de organismos internacionales para que analicen si las actuaciones denunciadas pudieron implicar vulneraciones a los derechos humanos o compromisos del Estado colombiano.
Las decisiones se producen luego de que una investigación periodística divulgara grabaciones en las que el exalto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, aparece conversando con representantes del Clan del Golfo sobre presuntos beneficios en el marco de la política de paz total. Entre los señalamientos conocidos se mencionan posibles compromisos relacionados con la suspensión de bombardeos, cambios en la cúpula militar y gestiones frente a solicitudes de extradición.
El anuncio de De la Espriella también reafirma la postura que ha sostenido durante su campaña frente a la política de negociación con grupos armados ilegales. El mandatario electo ha manifestado que, durante su administración, no se otorgarán beneficios extraordinarios a organizaciones criminales y que estas deberán someterse a la justicia bajo las condiciones establecidas por el Estado.