Imagen tomada de La Silla Vacía.
El pasado 7 de julio, un juez del Tribunal de Bogotá le ordenó a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, rendir un informe detallado sobre el relevo de la funcionaria que adelantaba una investigación relacionada con el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. La decisión se produjo en el marco de una acción de tutela que cuestiona el cambio realizado dentro del expediente.
A dar explicaciones
Según el despacho judicial, la Fiscalía deberá explicar las razones administrativas y jurídicas que motivaron la sustitución de la fiscal encargada del caso, así como precisar si se garantizó la continuidad de la investigación y el respeto al debido proceso.
¿Qué pasa si no se presenta el informe?
Este despacho indicó también que si no se rendía el informe solicitado dentro del plazo establecido, se aplicaría la presunción de veracidad prevista en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, sin perjuicio de continuar el trámite incidental y de adoptar decisiones conforme a los artículos 27 y 52 de esta normatividad.
El asunto ha generado reacciones en distintos sectores políticos y jurídicos debido a la relevancia del proceso relacionado con el expresidente Uribe y a las implicaciones institucionales que podría tener el pronunciamiento del juez.