La Defensoría del Pueblo ha alertado que al menos 17 servidores públicos se han visto obligados a abandonar sus municipios. Alcaldes, concejales y otros funcionarios huyen por las amenazas por parte de grupos armados al margen de la ley. Estos servidores públicos se ven en la necesidad de gobernar y cumplir con sus funciones desde otras ciudades. Prefieren desplazarse y ejercer desde otras zonas debido al riesgo que enfrentan en sus lugares de origen.
El conflicto armado en el país ha generado una situación preocupante. El informe elaborado por la Defensoría del Pueblo, que recopiló información de todas las regionales de la entidad, prendió las alarmas. Durante el período previo a las elecciones, no solo las comunidades en las regiones se han visto afectadas. Los servidores públicos, especialmente alcaldes y concejales, han sido blanco de intimidaciones por parte de organizaciones ilegales.
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Amenazas reportadas por las 42 oficinas regionales
Son alarmantes los informes presentados por las 42 Defensorías Regionales. Se constató que 12 alcaldes en siete departamentos están gobernando desde fuera de sus municipios o desde otras jurisdicciones. Las amenazas recibidas por estos funcionarios los obligaron a desplazarse.
Entre los municipios afectados se encuentran:
- Puerto Guzmán (Putumayo)
- Cartagena del Chairá (Caquetá)
- Magüí Payán (Nariño)
- Bagadó, Sipí, Río Iró y San José del Palmar (Chocó)
- El Bagre y Tarazá (Antioquia)
- Villeta (Cundinamarca)
- Tibú y La Playa (Norte de Santander).
Además de los alcaldes, también se han desplazado otros funcionarios. Concejales, personeros municipales, corregidores y presidentes de Juntas de Acción Comunal en varios departamentos del país huyen por su seguridad. Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo enfatiza la necesidad de adoptar medidas de protección y fortalecer la presencia institucional. Aboga especialmente por aquellos municipios donde no existen condiciones de seguridad para que los funcionarios desempeñen sus labores y defiendan los derechos humanos.
⚠️Servidores públicos en 17 departamentos se han desplazado amenazados. 12 alcaldes no están despachando desde sus localidades y en municipios de 12 departamentos hay casos similares de diputados, concejales, personeros, corregidores y presidentes-JAC.
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) June 16, 2023
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El defensor del pueblo, Carlos Camargo Assis, señaló la gravedad del fenómeno de desplazamiento institucional resultante de las amenazas. Enfatizó que en varias regiones del país las autoridades elegidas por voto popular no pueden permanecer en sus territorios ni ejercer sus funciones. La situación plantea interrogantes sobre la protección de los derechos de los ciudadanos que residen en esas poblaciones. Se requiere una respuesta urgente para garantizar la seguridad de los servidores públicos y la gobernabilidad en las áreas afectadas.