La Defensoría del Pueblo encendió las alarmas al revelar un informe que evidencia la peor crisis del sistema de salud colombiano en la última década. Según los datos, millones de ciudadanos están destinando entre el 7% y el 90% de sus ingresos para adquirir medicamentos que deberían recibir gratuitamente como parte de su derecho a la salud.
En lo que va del año 2025, la Superintendencia Nacional de Salud ha recibido 685.000 quejas por falta de medicamentos, tratamientos y cirugías, lo que equivale a 2.254 denuncias diarias por vulneraciones al acceso al servicio.
El estudio, basado en encuestas realizadas en 42 regionales del país, indica que las EPS adeudan más de $74.000 millones a gestores farmacéuticos. La situación es especialmente crítica en departamentos como Chocó, donde la deuda con hospitales asciende a $40.000 millones, y en Baudó, donde el principal centro médico registra pasivos por $28.000 millones.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, aseguró que el 61% de las personas que no reciben sus medicamentos terminan comprándolos por su cuenta. “Muchos ciudadanos han debido reducir dosis, compartir tratamientos o abandonar completamente su medicación ante el desabastecimiento”, advirtió.
El impacto económico varía según la región: en Bogotá, un ciudadano promedio gasta el 17% de su ingreso mensual en medicamentos, mientras que en Vichada, donde la pobreza es mayor, la cifra asciende a un alarmante 143%. Entre los fármacos más escasos están los psiquiátricos, tratamientos para diabetes, enfermedades cardiovasculares, epilepsia y hasta el ácido fólico para mujeres embarazadas.
Ante la gravedad de la denuncia, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, desestimó las cifras de la Defensoría, calificándolas de “erradas”. Sin embargo, la defensora aclaró que el viceministro de Salud asistió a la presentación del informe y no expresó objeciones durante la audiencia.
Diversas asociaciones de pacientes calificaron la situación como una emergencia nacional en salud, exigiendo al Gobierno medidas inmediatas para garantizar el acceso equitativo a medicamentos y evitar que la crisis siga cobrando vidas.
“Estamos hablando de víctimas del sistema. Personas que mueren esperando un medicamento que el Estado está obligado a entregar”, denunció una representante de la Red de Pacientes de Colombia.
La Defensoría del Pueblo advirtió que continuará monitoreando la situación y presentará un informe especial ante la Corte Constitucional si no se adoptan soluciones urgentes en las próximas semanas.