La Defensoría del Pueblo y el Gobierno de Abelardo de la Espriella protagonizaron un nuevo cruce de declaraciones por la manera en que el Ejecutivo comunica los resultados de las recientes operaciones militares contra grupos armados ilegales.
La controversia comenzó luego de que la defensora del Pueblo, Iris Marín, cuestionara la utilización de imágenes de personas muertas durante operativos de la Fuerza Pública como parte de los anuncios oficiales. La funcionaria pidió evitar que los cuerpos sean utilizados como elemento de exhibición o como una forma de demostrar autoridad.
Marín sostuvo que las instituciones del Estado deben mantener un tratamiento digno de las personas fallecidas y recordó que, aunque las Fuerzas Militares tienen el deber constitucional de enfrentar a los grupos armados y proteger a la población, estas actuaciones deben desarrollarse dentro de los límites establecidos por la Constitución y el Derecho Internacional Humanitario.
El pronunciamiento generó una respuesta del ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien cuestionó la posición de la defensora y aseguró que resulta equivocado equiparar la actuación del Estado con la de las organizaciones narcoterroristas.
Lara defendió las operaciones militares y señaló que el Gobierno tiene la obligación de combatir a las estructuras que utilizan la violencia, los drones, el reclutamiento de menores y otras formas de intimidación contra las comunidades. También afirmó que la administración continuará haciendo cumplir la ley.
La respuesta de la Defensoría
Ante las declaraciones del ministro, Iris Marín reiteró que la Defensoría no está cuestionando la legitimidad de las operaciones militares ni el deber de la Fuerza Pública de enfrentar a los grupos armados.
La funcionaria insistió en que su preocupación está relacionada con la manera en que se comunican los resultados y con el mensaje que transmiten las imágenes difundidas desde las instituciones oficiales.
La discusión tomó mayor fuerza después de que en una operación contra estructuras relacionadas con alias Iván Mordisco fueran reportadas varias personas muertas y posteriormente Medicina Legal confirmara que entre los fallecidos había dos menores de edad. La situación volvió a poner sobre la mesa el debate sobre los límites de las operaciones militares cuando existen posibles menores reclutados dentro de las estructuras armadas.
Marín también llamó la atención sobre la necesidad de no medir la seguridad únicamente a partir del número de personas abatidas. Recordó que Colombia ya enfrentó las consecuencias de políticas en las que las bajas fueron utilizadas como uno de los principales indicadores de éxito operacional, en referencia al contexto de los llamados falsos positivos.
La Defensoría aclaró que esta advertencia no significa atribuir esas prácticas a las operaciones actuales, sino llamar a que los resultados de seguridad también sean evaluados a partir de las vidas protegidas, los derechos garantizados y las condiciones de las comunidades afectadas por la violencia.
Mientras tanto, la defensora planteó que Gobierno y entidades de control deben mantener la cooperación institucional para enfrentar problemas como el desplazamiento forzado, el confinamiento, el reclutamiento de menores, el uso de drones y la expansión territorial de los grupos armados.
El nuevo enfrentamiento refleja así una discusión más amplia sobre la forma en que el Gobierno de De la Espriella comunica su política de seguridad y sobre los límites que deben acompañar las acciones militares del Estado, especialmente cuando están de por medio la dignidad humana y el respeto por las víctimas del conflicto.