La capital nariñense se encuentra en el centro de la polémica tras conocerse una grave denuncia interpuesta por los familiares de una menor de edad con síndrome de Down, quienes aseguran que la niña ha sido víctima de barreras administrativas y presuntos actos de discriminación que le impiden el ingreso y la normal permanencia en el sistema educativo formal de la ciudad.
De acuerdo con los testimonios entregados por los allegados, el Calvario institucional comenzó cuando iniciaron los trámites de matrícula en una reconocida institución educativa de la localidad. Pese a que la familia cumplió con la documentación requerida y notificó la condición de la menor desde el primer momento, empezaron a recibir respuestas evasivas por parte de las directivas administrativas, bajo el argumento de que el plantel «no cuenta con la infraestructura física adecuada ni con el personal docente especializado» para garantizar un proceso de aprendizaje adaptado a sus necesidades específicas.
Para los padres de familia, esta serie de negativas y la exigencia de condicionamientos desproporcionados para aceptar el ingreso de la niña constituyen una clara violación al derecho fundamental a la educación inclusiva y un acto de segregación por motivos de discapacidad. Señalan que en repetidas ocasiones se les sugirió buscar alternativas en centros educativos de carácter no formal o de educación especial, ignorando los lineamientos vigentes del Ministerio de Educación Nacional sobre la obligación de los colegios regulares de propiciar espacios de integración y enfoques pedagógicos flexibles.
Organizaciones defensoras de los derechos de las personas con condición de discapacidad en el departamento de Nariño manifestaron su profunda preocupación ante este panorama. Recordaron que este tipo de barreras invisibles normalizan la exclusión y vulneran los tratados internacionales ratificados por el Estado colombiano, los cuales consagran que la niñez con discapacidad tiene derecho a formarse en aulas regulares sin ningún tipo de discriminación ni obstáculos discriminatorios por parte de los planteles de enseñanza.
Ante la gravedad de los señalamientos, la familia afectada interpuso formalmente una queja ante las entidades de control competentes, exigiendo la intervención inmediata de la Secretaría de Educación Municipal y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Asimismo, hicieron un llamado urgente para que se le asigne a la menor un cupo escolar garantista que le permita acceder al derecho primordial de aprender, socializar y desarrollarse en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades junto a otros niños de su edad.
