La Defensoría del Pueblo presentó un panorama actualizado sobre las afectaciones a los derechos humanos de las comunidades del departamento e identificó patrones de violencia y la persistencia de asesinatos selectivos, masacres, desplazamientos y reclutamiento de niñas, niños y adolescentes.
En la mañana de este miércoles 29 de octubre, la Defensoría del Pueblo dio a conocer el informe ‘Cauca: voces que resisten 2024-2025’, en el cual se detalla la situación de vulneración y violación de los derechos humanos, así como las infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) que se padecen en el departamento.
De acuerdo con la entidad, en el Cauca se vive en medio de las acciones cometidas por la criminalidad organizada y las economías ilícitas, como el narcotráfico, entre otros fenómenos que mantienen al departamento sumido en una crisis que requiere atención integral por parte de toda la institucionalidad estatal.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, recordó el caso de Carmelina Yule, lideresa indígena nasa, coordinadora del movimiento Mujer, hilando pensamiento y del Plan de vida propio del proyecto nasa, asesinada en marzo de 2024 cuando salió con la guardia indígena a recuperar a un joven reclutado por el Estado Mayor Central bajo el mando de alias Iván Mordisco.
“La historia de Carmelina es la historia del Cauca y de decenas de lideresas y líderes que se resisten a aceptar que el departamento es tierra de dolor o de falta de futuro para sus adolescentes, sus jóvenes, sus comunidades, para toda su gente”, remarcó Marín durante la presentación del documento en Popayán.
Los municipios en mayor riesgo, según las alertas tempranas
Según el informe, los municipios focalizados por la Defensoría del Pueblo a través de sus 26 alertas activas son: Timbiquí, Toribío, Silvia, Suárez, Sucre, Santander de Quilichao, Puerto Tejada, Popayán, Patía, Páez, Morales, Miranda, López de Micay, Jambaló, Guachené, Guapi, El Tambo, Corinto, Caloto, Caldono, Cajibío, Bolívar, Buenos Aires, Almaguer y Argelia.
“Los grupos armados al margen de la ley que delinquen en el Cauca, cuyo propósito es ejercer control territorial y social para fortalecer su presencia y economías ilegales, son la disidencia Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) –con la que ha habido avances en un diálogo de paz–, la disidencia Nuevo Estado Mayor Central (Nuevo EMC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), a través de sus distintos frentes y estructuras.
A ello se suma la incursión en el departamento de carteles mexicanos como Jalisco Nueva Generación y el Cartel de Sinaloa”, señala el documento.
Las cifras que deja la violencia en el Cauca
Para la Defensoría del Pueblo, el contexto de violencia sistemática se evidencia en homicidios selectivos, masacres, lesiones personales, entre otros hechos.
“En 2024, en el departamento se registraron 827 asesinatos, de los cuales 564 ocurrieron entre enero y agosto. En comparación, durante el mismo periodo de 2025 se contabilizaron 524 homicidios. Entre 2024 y los primeros nueve meses de 2025 se registraron 18 masacres: 13 en 2024 y cinco en lo corrido de este año”, precisa el informe.
La entidad también identificó y atendió 68 casos de mujeres víctimas del conflicto armado en 2024, tres de los cuales correspondieron a homicidios. En el primer semestre de 2025, de 33 casos registrados, cuatro fueron homicidios.
En cuanto a las desapariciones forzadas, la Defensoría reportó 42 casos: 18 en 2024 y 24 en 2025, según datos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV).
Popayán fue el municipio con más casos (31), seguido por Caldono (7) y Miranda, Guapi, Corinto y Caloto, con uno cada uno.
“Decidimos profundizar en las realidades del departamento, en su dolor, en las causas profundas de la violencia, y ofrecer un panorama actualizado sobre las vulneraciones a los derechos humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario, identificando patrones de violencia, actores armados involucrados y, sobre todo, las respuestas institucionales, las que existen y las que todavía no han llegado”, señaló la defensora del Pueblo.
Desplazamientos y confinamientos
Sobre el desplazamiento forzado, la Defensoría identificó que este fenómeno está asociado a cultivos ilícitos, disputas territoriales por corredores ilegales, reclutamiento forzado y enfrentamientos armados.
“De 105 eventos de desplazamiento masivo en todo el país durante 2024, 16 se presentaron en el Cauca, afectando a más de 2.650 familias, lo que lo sitúa como uno de los territorios con mayor incidencia. En lo corrido de 2025, la entidad ha registrado 14 eventos similares, que han afectado a cerca de 1.300 familias”, detalló Marín.
El confinamiento también genera preocupación. De 75 casos registrados en el país durante 2024, seis ocurrieron en el Cauca, afectando a unas 1.400 familias. Entre enero y septiembre de 2025 se han presentado ocho casos, con más de 2.800 familias afectadas.
En cuanto al reclutamiento forzado de menores, la entidad alertó que en comparación con 2023 –cuando se reportaron 277 casos–, en 2024 se registraron 376, lo que representa un aumento del 36 por ciento. Durante 2025, con corte a septiembre, la Defensoría conoció 123 casos a nivel nacional, de los cuales 31 (25 por ciento) ocurrieron en el Cauca.
En relación con los ataques a la misión médica, la Defensoría denunció una situación crítica:
“Durante 2024 se registraron 55 eventos y en 2025 van 24, lo que refleja los riesgos a los que se enfrenta el personal de salud, especialmente en zonas rurales afectadas por el conflicto armado y la tensión social”.
Recomendaciones para las autoridades
La Defensoría del Pueblo formuló una serie de recomendaciones al Gobierno nacional, entre ellas:
- Tierra y territorio: acelerar los procesos de titulación y restitución de tierras, respetando los derechos colectivos de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, y promover figuras como las Zonas de Reserva Campesina.
- Seguridad: consolidar estrategias interinstitucionales para desmantelar las economías ilícitas, con una coordinación efectiva entre el Gobierno nacional, la fuerza pública y las comunidades.
- Género y protección: fortalecer la investigación de casos de violencia sexual y feminicidio, ampliar las rutas de atención psicosocial y garantizar un enfoque étnico y diferencial en las políticas públicas.
- Medioambiente: restaurar los ecosistemas afectados por la minería y los cultivos ilícitos, y promover alternativas productivas sostenibles que generen ingresos dignos para las comunidades rurales.
- Monitoreo permanente: establecer un mecanismo de seguimiento y trazabilidad mediante reportes periódicos de las entidades responsables, para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas ante las comunidades del Cauca.
“El informe hace un llamado a redefinir la presencia del Estado en el Cauca desde la garantía efectiva de los derechos y no desde una lógica exclusivamente militar. Esto implica fortalecer la justicia, la educación, la salud, la autoridad civil y la infraestructura básica en las zonas rurales”, concluyó la defensora Marín Ortiz.