unta Directiva de Ecopetrol tomó una decisión drástica tras la polémica desatada por un millonario contrato que ha puesto en el centro de la controversia al presidente de la compañía, Ricardo Roa. En un comunicado oficial emitido el 29 de mayo de 2025, la petrolera anunció la apertura de investigaciones internas, la suspensión del contrato en cuestión y posibles acciones legales para salvaguardar la integridad institucional.
El contrato, suscrito con la firma Covington & Burling LLP, tenía como objetivo revisar políticas y procesos de cumplimiento relacionados con autoridades de Estados Unidos, como la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Según la Junta, la contratación fue autorizada directamente por ella, sin participación del presidente de la empresa.
Sin embargo, la situación cambió con la firma de un “otrosí” que modificó el alcance y valor del contrato, al parecer sin conocimiento ni autorización de la Junta ni del Comité de Auditoría. Esto llevó a la suspensión del acuerdo desde febrero de 2025 y al inicio de auditorías internas, bajo estrictos criterios de legalidad y debido proceso.
Las medidas llegan en medio de presiones externas: la Contraloría General de la República pidió explicaciones detalladas sobre el contrato, cuyo valor supera los 5,8 millones de dólares. Además, la Procuraduría abrió una investigación contra el director de Cumplimiento de Ecopetrol, Alberto Vergara, por su presunta responsabilidad en la firma del controvertido otrosí.
El contrato habría estado destinado a analizar el impacto reputacional de las investigaciones contra Ricardo Roa, quien enfrenta cuestionamientos por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro, lo que ha motivado incluso una solicitud de suspensión en su contra.
A pesar del escándalo, Ecopetrol aseguró que mantiene intactos sus planes operativos y financieros para 2025, y reiteró su compromiso con la transparencia y el buen gobierno corporativo. La Junta también manifestó su disposición a colaborar con todos los entes de control que investigan el caso.