LLa Corte Suprema de Justicia vinculó formalmente a la senadora del Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta López, a una investigación penal por el presunto delito de abuso de función pública. La diligencia de indagatoria, cumplida en septiembre de 2026 ante el magistrado Francisco Farfán, presidente de la Sala de Instrucción, marca un nuevo capítulo en la polémica que rodea a la congresista desde su participación en un operativo carcelario en La Picota, Bogotá.
Los hechos se remontan al 10 de julio de 2025, cuando agentes del CTI de la Fiscalía ingresaron al pabellón de extraditables para incautar un arma de fuego que, según inteligencia, sería utilizada por Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, cabecilla de la organización criminal La Inmaculada. El objetivo era frustrar un atentado contra Giobanny Andrés Rojas, alias Araña, jefe de los Comandos de la Frontera y designado gestor de paz por el Gobierno.
Giobanny Andrés Rojas, alias Araña
La controversia
La controversia surgió porque Zuleta estuvo presente dentro del penal durante la diligencia. Videos posteriores la mostraron acompañando el procedimiento y recibiendo directamente el arma de manos de Pipe Tuluá. Para la Corte Suprema, esa actuación excedió sus competencias: la senadora, designada como coordinadora de acercamientos de paz con estructuras criminales, no tenía facultades para integrar equipos de policía judicial ni para conocer órdenes de allanamiento reservadas. El alto tribunal subrayó que las gestiones de paz no pueden confundirse con procedimientos penales exclusivos de la Fiscalía.
La defensa de Zuleta sostiene lo contrario. La congresista afirma que actuó como garante institucional y observadora de paz, sin extralimitarse. Según su versión, el propio Pipe Tuluá le manifestó su intención de entregar el arma como un “gesto de paz”, y ella se limitó a informar a las autoridades para que la incautación se realizara bajo legalidad. “Proteger la vida de quienes le apuestan a la paz es una obligación del Estado”, declaró, insistiendo en que su presencia buscaba evitar un atentado contra alias Araña.
Complicaciones en el caso
Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá
El caso se complejiza por la extradición de Pipe Tuluá a Estados Unidos en febrero de 2026, lo que deja a la Corte con la tarea de esclarecer no solo la actuación de la senadora, sino también la identidad de quienes le filtraron información reservada y facilitaron su ingreso irregular al operativo. La investigación apunta a determinar si hubo funcionarios judiciales involucrados en esa filtración.