El desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba alrededor de siete décadas viviendo como inquilina en el mismo apartamento de Madrid, ha generado una fuerte reacción social y ha vuelto a poner en el centro del debate la crisis de vivienda que atraviesa España, especialmente en las grandes ciudades.
Maricarmen residía desde 1956 en un apartamento de 92 metros cuadrados ubicado en el barrio de Retiro, una de las zonas más cotizadas de Madrid. El contrato de alquiler había sido firmado originalmente por su padre y pertenecía al régimen conocido como “renta antigua”, que permitió durante décadas mantener alquileres a precios muy inferiores a los actuales. La mujer terminó pagando alrededor de 500 euros mensuales, una cantidad considerablemente menor que los precios actuales de la zona.
La situación comenzó a complicarse después de que la propiedad del edificio cambiara de manos. En 2018, la familia propietaria vendió el inmueble a Renta Corporación. Dos años después, esta empresa ofreció a Maricarmen comprar el apartamento por unos 247.000 euros, pero ella manifestó que no podía asumir ese gasto. Posteriormente, en 2020, la vivienda fue vendida a Urbagestión, que pasó a ser la nueva propietaria.
La empresa consideró que el antiguo contrato de alquiler había terminado y reclamó una renta mucho más elevada. Inicialmente se planteó un alquiler de 2.650 euros mensuales y posteriormente se propuso reducirlo a 1.650 euros. Esta última cantidad seguía siendo superior a la pensión mensual de Maricarmen, que rondaba los 1.350 euros.
La mujer, según su abogada, continuó pagando los aproximadamente 500 euros que había abonado tradicionalmente y nunca se negó a pagar. Sin embargo, la empresa sostuvo que las condiciones del antiguo contrato ya no podían mantenerse y que correspondía aplicar una nueva renta.
El conflicto llegó a los tribunales y se prolongó durante varios años. Uno de los aspectos centrales fue determinar si el contrato de renta antigua todavía podía continuar después de las sucesiones familiares. Maricarmen había recibido el contrato después de que primero falleciera su padre y posteriormente su madre, que había ocupado el lugar del padre como arrendataria. Según la interpretación aplicada por el Tribunal Supremo en este caso, se trataba de una segunda sucesión, por lo que el contrato no podía prolongarse indefinidamente.
Finalmente, los tribunales respaldaron la posición de la propiedad y se fijaron varias fechas para ejecutar el desahucio. Tres intentos anteriores fueron aplazados, pero el cuarto procedimiento se llevó a cabo el 23 de septiembre de 2026.
La situación adquirió una dimensión especialmente dramática debido al estado físico de Maricarmen. La mujer tiene movilidad reducida y una discapacidad del 50 %, además de dificultades para caminar. Vivía en un sexto piso y, durante el desalojo, tuvo que salir de su vivienda en camilla. Posteriormente fue trasladada en ambulancia al hospital Gregorio Marañón, donde recibió una revisión médica.
Después de recibir atención sanitaria, Maricarmen decidió no ingresar en una residencia temporal ofrecida por la Comunidad de Madrid y optó por trasladarse a la vivienda de familiares.
El desahucio provocó además una importante movilización ciudadana. Activistas y simpatizantes se concentraron frente al edificio desde el día anterior para intentar impedir el desalojo. Durante la protesta se escucharon consignas de apoyo a la mujer, entre ellas “Maricarmen se queda”. También participaron algunas figuras públicas, como el actor Carlos Bardem y la cantante Ana Belén.
Durante la mañana del desalojo, cientos de personas se reunieron alrededor del edificio y algunas bloquearon el acceso al portal y las escaleras. La Policía intervino para permitir la ejecución de la orden judicial. Hubo enfrentamientos entre agentes y algunos manifestantes, quienes denunciaron golpes y el uso de gas pimienta. La Delegación del Gobierno señaló que los agentes actuaban en cumplimiento de un mandato judicial.
El caso también había llegado a organismos internacionales. En junio, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas pidió que se suspendiera el desahucio mientras estudiaba el caso o que se garantizara a Maricarmen una alternativa de vivienda adecuada.
Además, hubo intentos de encontrar soluciones económicas para evitar el desalojo. Según la abogada de la mujer, una escritora española se ofreció de manera anónima a cubrir la diferencia entre los 500 euros que Maricarmen pagaba y los 2.650 euros reclamados inicialmente, además de asumir posibles deudas. Sin embargo, la abogada aseguró que la empresa rechazó esa propuesta.
El Ministerio de Vivienda también afirmó que CASA 47, una entidad pública de vivienda, había ofrecido comprar el apartamento. Según el Ministerio, la propuesta fue rechazada por Urbagestión.
Más allá del caso particular de Maricarmen, el desahucio se ha convertido en un ejemplo del problema que enfrentan muchas personas en España ante el aumento del precio de la vivienda. En ciudades como Madrid y Barcelona, la escasez de viviendas disponibles ha contribuido a aumentar la presión sobre el mercado de alquiler.
Los datos citados en el caso muestran el fuerte incremento de los precios. En Madrid, el alquiler anunciado alcanzó en agosto de 2026 un promedio de 23,3 euros por metro cuadrado, frente a los 12,8 euros registrados diez años antes. Esto representa un aumento superior al 80 % en una década.
A esta situación se suma una diferencia importante entre la cantidad de nuevos hogares que necesitan una vivienda y las viviendas nuevas que se incorporan al mercado. Según los datos mencionados del Banco de España, entre 2021 y 2025 se construyeron cientos de miles de viviendas menos de las que se necesitaban para cubrir la demanda. Solo en 2025 se formaron aproximadamente 240.000 nuevos hogares, mientras que se incorporaron unas 92.000 viviendas nuevas.
El Gobierno español ha señalado en diferentes ocasiones a la inversión inmobiliaria y a la especulación como parte de los problemas que afectan al mercado. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, calificó el día del desahucio como una jornada especialmente triste y dramática.
Por otro lado, existen otras interpretaciones sobre las causas de la crisis. Algunos expertos sostienen que una de las principales soluciones pasa por aumentar la construcción de viviendas. También advierten que determinados propietarios pueden mostrarse reticentes a alquilar sus inmuebles debido a la duración de los procesos judiciales relacionados con impagos u ocupaciones ilegales.
Así, el caso de Maricarmen reúne varios de los principales elementos del debate sobre la vivienda en España: el aumento de los alquileres, la escasez de viviendas, los contratos antiguos, la situación económica de las personas mayores, las dificultades de los propietarios y las empresas inmobiliarias, las decisiones judiciales y la necesidad de encontrar alternativas habitacionales para personas vulnerables.
El desalojo de una mujer que había vivido cerca de 70 años en el mismo apartamento provocó una fuerte reacción porque mostró de manera concreta cómo el incremento del precio de la vivienda puede afectar especialmente a personas con ingresos limitados. Al mismo tiempo, el conflicto evidencia la complejidad jurídica de los contratos de renta antigua y las diferencias entre las condiciones de alquiler de décadas atrás y el actual mercado inmobiliario.
En definitiva, el caso de Maricarmen se convirtió en un símbolo del profundo conflicto que existe en España alrededor del acceso a la vivienda, enfrentando el derecho de los propietarios a disponer de sus inmuebles con la necesidad de garantizar una vivienda adecuada para personas que se encuentran en situaciones económicas o sociales vulnerables.