Fuentes del sector dicen que los nuevos impuestos traerían graves consecuencias para el país. Habrá mesas con la procuraduría. La industria energética en Colombia aprendió sus aletas con un riesgoso decreto del presidente Gustavo Petro que pone en jaque el futuro del sector, a tal punto que lo calificaron como una expropiación. Se trata de dos medidas excepcionales para enfrentar la crisis financiera y de liquidez en el sector eléctrico, especialmente en la región Caribe, y que obliga a las empresas generadoras a pagar los nuevos impuestos como uno en dinero y otro en especie. El primero impone el pago de un tributo de 2,5% sobre la utilidad antes de impuestos obtenida durante el año pasado, cuyo destino será el fondo empresarial de la superintendencia de servicios públicos para financiar la intervención de empresas en crisis. El segundo por su parte, incluye una contraprestación tributaria en especie, que obliga a las compañías generadoras entregar el 12% de la energía que vendan en bolsa durante 2026 a empresas intervenidas posteriormente como parte de ese valor se podrá descontar del impuesto de renta.