El proceso judicial contra el alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, fue reprogramado para el martes 9 de septiembre a las 3:00 p.m., fecha en la que la Fiscalía le imputará los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y amenazas a testigos. Estas conductas podrían acarrearle penas de prisión de hasta 18 años, multas millonarias e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
La audiencia, originalmente programada para el 28 de julio, fue aplazada por solicitud de su defensa. Posteriormente, el 6 de agosto, Krasnov pidió nuevamente la suspensión, alegando no contar con abogado y rechazando al defensor público asignado por la Defensoría del Pueblo. En la más reciente diligencia, solicitó un traductor ruso, afirmando no dominar el español, petición que fue negada por la jueza, quien recordó su compromiso de contratar abogado y su capacidad para comprender el proceso.
La Fiscalía sostiene que Krasnov habría entregado un contrato al abogado Juan Sebastián Ramírez García como presunto pago para que retirara una demanda de nulidad electoral interpuesta ante el Tribunal Administrativo de Boyacá.
Por interés indebido en la celebración de contratos, el Código Penal contempla penas de 5 a 18 años de prisión, multas de 66 a 300 salarios mínimos e inhabilitación de 80 a 216 meses. Por amenazas a testigos, la condena puede ir de 4 a 8 años de cárcel y multas de 50 a 2.000 salarios mínimos.
El caso también involucra al gerente de Ecovivienda, Eduardo Ernesto Camargo Rodríguez, y al propio Ramírez García. Además, la audiencia contra la expareja del alcalde y exgestora social, Sara Catalina Pedraza, sigue pendiente por aplazamiento.
Krasnov prometió no solicitar más retrasos, pero los múltiples aplazamientos ya han generado críticas políticas y ciudadanas.