La reciente controversia entre senadores de distintas corrientes ideológicas volvió a evidenciar el clima de tensión política que atraviesa el país. En este contexto, tomó nueva relevancia el llamado del presidente del Congreso, Lidio García Turbay, a fomentar la paz política y reducir la confrontación en el escenario público.
Durante una sesión plenaria del Senado se desarrolló un intenso debate sobre la paz y el conflicto armado, temas que empiezan a ocupar un lugar central en el ambiente electoral de cara a los próximos comicios.
La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, junto a otros congresistas, promovió un debate de control político contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien fue citado para responder por la supuesta participación del general Juan Miguel Huertas en aparentes filtraciones de información hacia disidencias de las FARC dentro de la Fuerza Pública.
De acuerdo con denuncias divulgadas por Noticias Caracol, el oficial habría facilitado acciones de estas estructuras armadas ilegales, que incluso habrían tenido acceso a detalles sobre operativos adelantados en su contra por parte de las autoridades.
En estas presuntas acciones también estarían involucrados funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), según las versiones que han circulado en medios de comunicación.
En medio del debate, la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia cuestionó abiertamente la política de “Paz Total” impulsada por el Gobierno, afirmando que sectores oficialistas evitan el debate cuando se ponen sobre la mesa las falencias de esta estrategia.
Por su parte, el senador y también precandidato presidencial Iván Cepeda respondió con dureza a los señalamientos de la congresista y lanzó críticas directas al expresidente Álvaro Uribe, al referirse al proceso judicial contra su hermano, Santiago Uribe.
El intercambio de acusaciones se extendió a otros legisladores, generando un ambiente de polarización que reflejó la profunda división política existente alrededor del tema de la paz en el país.
Lo ocurrido en el Senado no es un hecho aislado. El debate sobre la paz se ha convertido en un tema recurrente no solo en el Congreso, sino también en los hogares, espacios académicos y conversaciones cotidianas entre los ciudadanos.
En el ámbito legislativo, estas discusiones se dan entre fuerzas democráticamente elegidas, que aseguran buscar alternativas para frenar la violencia política, una problemática que hoy aparece entre las mayores preocupaciones de la población.
Recientemente, la cuenta oficial del Senado en la red social X realizó un sondeo en el que el 62 % de los participantes consideró que una de las medidas prioritarias del Estado debería ser reducir la violencia política para proteger a los candidatos de las elecciones de 2026.
En el mismo ejercicio, el 39 % de los encuestados señaló que los mensajes de odio constituyen la principal amenaza para la seguridad de los aspirantes al Congreso y a la Presidencia en los próximos comicios.
Distintos sectores han señalado que la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay estuvo enmarcada en un contexto de creciente violencia política y discursos de hostilidad entre figuras públicas.
Frente a este panorama, el presidente del Congreso, Lidio García Turbay, ha reiterado su llamado a promover un clima de respeto, erradicar los discursos de odio y garantizar que el proceso electoral se desarrolle en condiciones de tolerancia y convivencia.
Tras el fallecimiento del senador Uribe Turbay, García Turbay enfatizó que la política debe ejercerse con decencia y que el liderazgo debe basarse en la capacidad de convocar y unir, no de dividir.
El jefe del Legislativo también señaló que este caso debía servir como un punto de inflexión para frenar la violencia en el país y detener la estigmatización y agresividad que se propaga en redes sociales.
Finalmente, reiteró su mensaje de reconciliación: que más allá de las diferencias ideológicas, se respeten los derechos de quienes representan al pueblo, y que la unidad nacional sea el principal propósito de la actividad política.