Contraloría le pone el ojo a Empoduitama
La Contraloría General entregó un informe que le pone los puntos sobre las íes a lo que fue la administración pública de Empoduitama en 2023. Nada más y nada menos que $7.269.225.519 aparecen comprometidos en 20 hallazgos fiscales, junto con 29 disciplinarios y 2 sancionatorios.
Y no, no se trata de errores sueltos ni de trámites demorados. Lo que hay es un panorama donde la plata se movió sin rigor, los documentos no cuadraban, y la gestión brilló por su desorden.
Irregularidades que pesan y no son cuento
Según el informe, la lista de fallas es larga y preocupante:
- La cartera estaba sin cobrar, y en muchos casos ni siquiera sabían quién debía qué.
- Los inventarios no rotaban, y los insumos corrían riesgo de caducar.
- Se pagaron valores de más a contratistas, y sin una justificación clara.
- Hubo contratos firmados sin los soportes básicos.
- Sustancias químicas y tuberías mal manejadas, un riesgo que ni se mencionó.
- Gestores fiscales que se hicieron los de la vista gorda.
- Y un control interno que, sinceramente, parecía inexistente.
Todo esto mientras afuera los ciudadanos pedían mejores servicios, tarifas más justas y transparencia. Pero por dentro, la desorganización era la reina del paseo.
Silencio institucional… ¿y la rendición de cuentas?
Este informe, revelado en marzo de 2025, no puede quedarse archivado ni maquillado con discursos vacíos. La ciudadanía necesita claridad, porque acá no solo se está hablando de fallos técnicos. Se está hablando de una confianza rota, de una institucionalidad que perdió el rumbo, y de recursos públicos que pudieron haber hecho la diferencia en barrios, acueductos, salud o infraestructura.
Y mientras tanto, la pregunta sigue sin respuesta: ¿Quién responde por esta plata que se perdió entre firmas, papeles mal hechos y gestiones sin fondo?
La gestión pública no es un juego
Gobernar no es mandar papeles, ni firmar contratos a la carrera. Gobernar es rendir cuentas, garantizar que cada peso tenga propósito, que cada decisión tenga respaldo.
La Contraloría no solo reveló cifras: mostró una radiografía cruda de cómo se manejó —o más bien, cómo no se manejó— la cosa pública.
Porque cuando hay $7.200 millones comprometidos en hallazgos, lo que hay no es un informe más: hay una alerta gigante que no se puede silenciar.
Mientras la gente exigía eficiencia, adentro se firmaban contratos a ojo cerrado, la cartera quedaba en el olvido y los insumos se vencían en la bodega. ¿Y entonces? ¿Dónde quedó el control?
Lo público no es un cajero sin fondo. Cada peso mal invertido, cada contrato sin soporte, cada cartera sin cobrar, es una oportunidad perdida para la gente. Y el daño no es solo económico, es moral, es social, es institucional.
Ya no se puede seguir jugando con la plata de todos. Lo que pasó en Empoduitama en 2023 debe investigarse, esclarecerse y corregirse. Porque mientras la administración “organizaba”, los recursos se evaporaban. Y eso, en una ciudad que exige tanto, no se puede dejar pasar como si nada.