La defensa del candidato presidencial apeló la decisión del juez. Será revisada por el Tribunal Administrativo de Santander.
El juzgado laboral de Bucaramanga emitió una sentencia en primera instancia contra Rodolfo Hernández y su constructora, porque dejó de pagar los aportes de la pensión a uno de sus trabajadores. El candidato apeló.
La decisión la tomó el juez laboral Rubén Darío Morales. La condena contra Hernández dicta que deberá pagar 76’836.41 pesos, correspondientes a los aportes en pensión del señor Celestino Flórez León.
León era el vigilante de la urbanización San Cristóbal, construida por la empresa de Hernández, y, según el fallo, no recibió los aportes a pensión entre 1986 y 1991.
El fallo del juez también le ordena a la constructora Hernández Gómez Constructora S.A y HG Constructora S.A a pagar una indemnización de 100 millones de pesos a su entonces vigilante, que ahora tiene 81 años.
El proceso contra Hernández y su firma comenzó el 13 de septiembre de 2017 cuando Celestino Flórez radicó la demanda. En el desarrollo del juicio laboral hubo intentos de conciliación fallidos, renuncias de abogados y hasta inasistencia de Hernández a una audiencia.
Al final, el proceso terminó con la sentencia en favor del trabajador este 16 de junio en primera instancia. La defensa de Hernández, una vez conoció el fallo, decidió apelar el proceso ante el Tribunal Administrativo de Santander.
Ante la inminente decisión judicial, el juez Morales denunció que el 9 de junio comenzaron algunas intimidaciones por parte de los abogados del candidato presidencial.
“Se vino todo el mundo encima por fijar la audiencia. Vienen a decir que voy a tener problemas con Procuraduría, con la Fiscalía, que no me constaba nada aplazar la diligencia, pero yo tenía que fijar la audiencia por la salud de un ser humano. Por eso el ambiente se enturbió”, se escucha en uno de los audios del juez Morales conocidos por la revista Cambio.
La presión al juez vendría del apoderado de Hernández, Eduardo Pilonieta. El 21 de julio el candidato presidencial deberá volver a los tribunales, esta vez, para responder en audiencia por cometer, posiblemente, el delito de interés indebido en la celebración de contratos en el caso conocido como Vitalogic.