A pocos días de asumir su nuevo rol como Procuradora Provincial, Andrea Carolina Ibarra González enfrenta serios cuestionamientos legales. En la Alcaldía de Neiva cursa el expediente disciplinario número 030 de 2025, originado en una queja presentada por varios funcionarios de carrera de la administración municipal. El motivo: su actuación como directora de Justicia durante el año 2024.
La denuncia, que toma fuerza en la esfera política local, pone en duda la idoneidad con la que Ibarra llega a representar al Ministerio Público en el ámbito provincial. Su vinculación al proceso ha despertado inquietudes en sectores administrativos, que ahora observan con recelo su nuevo nombramiento.
Otro implicado
El caso también compromete a Danian Sogamoso Arias, actual jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario del municipio, quien fue incluido en la misma queja. Sogamoso Arias, al verse directamente implicado, presentó un impedimento formal para no interferir en el proceso, lo cual fue aceptado por la administración municipal.
Con su salida, el expediente disciplinario quedó bajo la responsabilidad del director de Talento Humano de la Alcaldía, Juan Enrique González, quien deberá definir el curso de la investigación y garantizar su transparencia.
Ecos políticos
La situación no ha pasado desapercibida. Sectores políticos de oposición cuestionan cómo una funcionaria con un proceso abierto pudo ser designada en un cargo con funciones de control. Mientras tanto, voceros del oficialismo guardan silencio, esperando los avances del proceso antes de emitir pronunciamientos.
Desde la administración municipal no se ha emitido un comunicado oficial, pero fuentes internas aseguran que se está haciendo seguimiento al caso para que no haya interferencias en el debido proceso ni afectación a los principios de transparencia institucional.
Lo cierto es que, mientras Ibarra González se acomoda en su nuevo despacho, el pasado aún le respira en la nuca. Un nombramiento que prometía solidez institucional, hoy navega en aguas turbulentas, con un expediente que podría alterar su futuro profesional y golpear la credibilidad del Ministerio Público en la región.