En Colombia, hablar de salud mental es cada vez más común, pero acceder a atención psicológica de manera oportuna continúa siendo un reto para miles de personas.
La entrada en vigor de la Ley 2460 de 2025 es uno de los avances más importantes de los últimos años al eliminar la necesidad de pasar primero por medicina general para solicitar una cita con psicología clínica en las EPS, una medida que busca facilitar el acceso a este servicio.
La misma ley también crea el Sistema Nacional de Salud Mental, un Observatorio Nacional de Salud Mental y plantea modelos de atención diferenciados para distintas poblaciones y regiones del país. No obstante, gran parte de esta estructura aún se encuentra en proceso de implementación y está lejos resolver a cabalidad las dificultades estructurales que enfrenta el sistema.
«El cambio más inmediato para el paciente es la eliminación del filtro de medicina general, permitiendo que cualquier persona puede solicitar cita directa con psicología clínica en su EPS sin remisión previa», explica Laura Rodríguez, docente del programa de Psicología de UNICOC. «Sin embargo, estos cambios normativos no resuelven por sí solos la escasez de profesionales ni los cuellos de botella administrativos de las EPS; su impacto real dependerá de la administración de esta ley».
La realidad es que el acceso a la atención psicológica sigue enfrentando importantes limitaciones. Según indica la experta, Colombia cuenta con entre 1,6 y 2,6 psiquiatras por cada 100.000 habitantes, muy por debajo de los estándares internacionales. A esto se suman largos tiempos de espera para obtener una cita y dificultades para dar continuidad a los tratamientos, factores que limitan el impacto de la nueva normativa.
Sí ha sucedido algo positivo entre la población, y es que se ha ido abriendo más espacio a hablar sobre la necesidad de establecer prácticas de bienestar y salud mental. El acudir a terapia, buscar psicólogos particulares, ha sido una alternativa que se ha llevado a la conversación. El problema es que se abre una brecha entre las personas que pueden acceder a la salud mental a través de una consulta particular y quienes deben hacerlo mediante una EPS.
«La diferencia no suele estar en la formación de los profesionales de la EPS o de quienes ofrecen sus servicios particulares» señala la docente de UNICOC. “Sucede que, mientras en la consulta particular el paciente puede elegir al terapeuta, mantener el mismo profesional durante todo el proceso y definir una frecuencia más constante de las sesiones, en las EPS la atención suele estar condicionada por la alta demanda de pacientes, la disponibilidad de agendas y el número de consultas autorizadas”.
Entonces la consulta privada tampoco representa una solución para toda la población. El costo de una sesión psicológica particular puede oscilar entre los $70.000 y los $300.000 pesos, dependiendo de la ciudad, la experiencia del profesional y el tipo de terapia, lo que limita el acceso para muchas familias.
Frente a este panorama, las universidades cumplen un papel importante para ampliar la cobertura. A través de sus consultorios psicológicos universitarios ofrecen atención gratuita o de bajo costo bajo la supervisión de docentes con experiencia clínica. A esto se suman herramientas como la telepsicología y las líneas de orientación psicosocial, que permiten acercar estos servicios a zonas donde la disponibilidad de especialistas sigue siendo limitada.
Para la experta, garantizar que la atención psicológica deje de percibirse como un privilegio, requiere ir más allá de la reforma legal y aumentar la inversión destinada a salud mental, fortalecer la contratación de profesionales fuera de las grandes ciudades, vigilar el cumplimiento de los tiempos de atención y consolidar modelos preventivos que acerquen estos servicios a las comunidades.
«La Ley 2460 es un avance real, pero su efecto sobre la brecha entre psicología EPS y particular dependerá de si logra traducirse en más profesionales, menos espera y continuidad real del tratamiento», concluye Laura Rodríguez. «La atención psicológica no debería depender de la capacidad de pago de las personas, sino convertirse en un servicio oportuno y accesible para todos los colombianos».