La Corte Internacional de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado colombiano por el exterminio de la Unión Patriótica (UP) poniendo punto final a una pesquisa de 30 años que comenzó en 1993, cuando los sobrevivientes de ese partido acudieron al tribunal para denunciar la persecución sistemática a quienes dejaron las armas para entrar en la vía política.
La determinación fue leída por el juez Ricardo Pérez Manrique en una notificación de sentencia a integrantes y militantes en el caso UP vs. Colombia, como se le conoce jurídicamente al litigio, que divulgó el tribunal en una audiencia virtual. La decisión marca un punto de inflexión en la lucha de los militantes de la UP.
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La Corte IDH determinó que el Estado colombiano es responsable por la violación a los derechos a la libertad de expresión, de asociación y políticos que reconoce la Convención Americana, también a la libertad personal y al derecho a la honra de los integrantes de ese partido. Asimismo, determinó que es responsable por la violación del derecho a la vida.
Sin embargo, el estrado también puntualizó que “el Estado no es responsable por la violación de los derechos a la libertad judicial, las garantías judiciales y la protección personal” en relación con los casos de cuatro integrantes de ese partido.
En la lectura de la sentencia estuvieron integrantes de ese partido como las senadoras Aída Avella y Jahel Quiroga, quienes sobrevivieron al exterminio de la UP desde su entrada en la vida política en 1985.
Entre las órdenes del tribunal internacional como reparación a las víctimas, la Corte IDH ordenó al Estado poner en marcha, en no más de 2 años, una comisión para constatar la identidad de todas las víctimas.
«Y concluirá en un plazo razonable las investigaciones para establecer la verdad y determinar las responsabilidades penales, y remover los obstáculos que mantienen en la impunidad los hechos relacionados con este caso», dice el fallo.
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Así mismo, se ordenó al Estado hacer una búsqueda rigurosa de todas las personas que continúan desaparecidas, y brindar tratamiento psicológico, médico o psicosocial a las víctimas que así lo requieran.
También tendrá que decretar un día nacional en conmemoración de las víctimas de la UP, construir un monumento en memoria de las víctimas, y hacer un documental sobre la violencia y estigmatización contra la UP. Se ordenaron así mismo indemnizaciones económicas.