La excandidata a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal en el departamento de Chocó, Sandra Tatiana Palacios Maturana, denunció ante la Procuraduría Regional presuntas irregularidades en los resultados de las recientes elecciones legislativas y solicitó un recuento en varias mesas de votación. La petición se fundamenta en la detección de inconsistencias en los formularios oficiales empleados para el conteo de votos y fue presentada mediante el abogado Walter Alonso Jegén Taborda, quien radicó un documento dirigido al procurador regional del Chocó.
En el escrito se solicita el acompañamiento institucional del Ministerio Público durante la revisión de los resultados, a cargo de una comisión integrada por delegados de la Registraduría Nacional del Estado Civil y del Consejo Nacional Electoral (CNE). La reclamación surge tras una solicitud previa de saneamiento de algunos actos de elección ante la comisión escrutadora departamental, debido a discrepancias detectadas durante el preconteo de votos.
Palacios Maturana y su equipo argumentan que ciertos formularios E-14, utilizados por los jurados de votación para registrar los resultados, presentan datos que no coinciden con las cifras totales de votos asignados a los candidatos o partidos. El escrito respalda la denuncia en la normativa vigente, en especial en el numeral tercero del artículo 275 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que establece la nulidad de los actos de elección cuando los documentos electorales contienen información falsa o han sido alterados con el objetivo de modificar los resultados.
El documento enfatiza que la solicitud busca garantizar la transparencia del proceso electoral y el ejercicio pleno de los derechos políticos. “La petición se formula con el único fin de que se brinde transparencia y se garantice el ejercicio y derecho constitucional de elegir y ser elegido dentro del marco del respeto y la igualdad”, se lee en el texto presentado por el equipo jurídico de la excandidata.
La campaña de Sandra Palacios adjuntó a su solicitud un informe con al menos once casos de supuestas inconsistencias identificadas en los formularios E-14. Estos documentos, donde los jurados consignan los votos obtenidos por cada candidato o partido, presentan diferencias entre el total de votos registrados en las actas y las cifras individuales asignadas a los partidos o aspirantes. Entre las anomalías figuran sumas que no coinciden, correcciones evidentes en los números y repintados en los cuadros de conteo.
El material probatorio incluye imágenes de formularios con modificaciones sobre los números originales y trazos adicionales, lo que refuerza las sospechas sobre la veracidad del registro. En municipios como Acandí, las mesas identificadas como 007 y 005 reflejan diferencias de votos entre lo reportado en los formularios y el conteo final. También se señala la ausencia de firmas de los jurados en ciertos documentos y la existencia de cifras repintadas, particularmente en los registros atribuidos al Partido Liberal.
El análisis de los documentos detectó además variaciones en la sección de nivelación de mesa, que compara el número de votantes registrados con el total de votos depositados en la urna y las cifras consignadas en el acta. Las discrepancias motivaron que varias actas fueran incluidas en el listado de inconsistencias presentado ante la comisión escrutadora.
En el documento entregado a la Procuraduría, el equipo jurídico de Palacios Maturana pidió la apertura de los paquetes electorales y un recuento físico de los tarjetones en las mesas y municipios mencionados. El texto solicita que el Ministerio Público coadyuve en la revisión del material, con el fin de esclarecer los resultados y disipar cualquier duda sobre la legitimidad del proceso. “El acompañamiento se solicita con el fin de que su despacho coadyuve con las peticiones de apertura y recuento de los tarjetones electorales de los municipios y mesas mencionadas en los escritos”, expresa el documento.
El procedimiento de apertura y recuento de tarjetones permite revisar nuevamente los votos depositados, especialmente cuando se presentan reclamaciones sustentadas en inconsistencias detectadas por los jurados de votación. Este mecanismo busca restablecer la confianza en la transparencia electoral y asegurar el respeto a la voluntad ciudadana.
Hasta la fecha, la comisión escrutadora departamental no ha emitido una respuesta definitiva a la solicitud. El proceso de revisión permanece en curso y las autoridades electorales evalúan las pruebas aportadas, entre ellas las imágenes y registros de los formularios señalados. El llamado al acompañamiento institucional se mantiene vigente, a la espera de una decisión que aporte claridad sobre los resultados en disputa.