La audiencia comenzó con un acto de armonización que realizaron autoridades espirituales de los pueblos indígenas kankuamo y wiwa.
Desde Valledupar, Cesar, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) realizó la audiencia de reconocimiento en la que 12 militares que pertenecían al Batallón de Artillería No. 2 La Popa reconocen su responsabilidad por las ejecuciones extrajudiciales, conocidas como ‘falsos positivos‘, perpetradas por ellos.
La audiencia comenzó con un acto de armonización que realizaron autoridades espirituales de los pueblos indígenas kankuamo y wiwa, que fueron victimizados por estos hechos. Luego, una tras otra, madres, hijas, hijos, hermanos, padres y otros familiares de las víctimas se presentaron en la audiencia, dijeron sus nombres y el de sus familiares asesinados por los militares.
Durante la diligencia, que se extenderá hasta el 19 de julio, los comparecientes que fueron imputados como máximos responsables de los ‘falsos positivos’ harán un reconocimiento público ante la justicia, las víctimas y la sociedad colombiana.
A la audiencia de reconocimiento fueron convocados miembros del Ejército que fueron señalados por el asesinato de 127 personas en el norte de Cesar y el sur de La Guajira. Se trata de comparecientes que hicieron parte del Batallón La Popa entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005.
Entre los comparecientes convocados están: Alex José Mercado Sierra, Carlos Andrés Lora Cabrales, Eduart Gustavo Álvarez Mejía, Efraín Andrade Perea, Elkin Leonardo Burgos Suárez, Elkin Rojas, Guillermo Gutiérrez Riveros, Heber Hernán Gómez Naranjo, José de Jesús Rueda Quintero, Juan Carlos Soto Sepúlveda, Manuel Valentín Padilla y Yeris Andrés Gómez Coronel.
Sobre el mediodía comenzaron a hablar algunas de las víctimas acreditadas en el proceso, como Rocío Escorcia, quien narró el asesinato por parte de soldados de su hermano John Jader Escorcia. «¿Quién iba a creer que el Ejército iba a asesinar a un pelado de casa?», cuestionó, al recordar que su hermano no era ningún criminal, sino que se lo llevaron con el engaño de recoger café, él necesitaba dinero para atender a su hijo recién nacido.
«Por culpa de ustedes, de su estructura criminal, me dañaron la vida, ¿quién iba a pensar que el Estado iba a tener unos criminales guardados en el Batallón La Popa?», preguntó mirando a los soldados que comparecieron este lunes.
Contó también que en la búsqueda incansable de su hermano se peleó con su familia, que no podía creer que el Ejército matara a inocentes; además, en esa misma búsqueda y en el ir de institución a institución, de persona en persona, llegó a un sitio que le había indicado un paramilitar en 2007, quien le dijo que ahí estaba su hermano. Al llegar a ese sitio fue retenida, torturada y abusada sexualmente.
Escorcia le pidió a los uniformados que en su reconocimiento hablen con nombres propios de las otras personas que en el batallón La Popa participaron del asesinado de civiles.
Posteriormente Franklin Navarro habló sobre el asesinado de su único hijo Carlos Mario, el 27 de febrero de 2004. «Carlos Mario no pertenecía a ningún grupo, él era un campesino como lo soy yo. Carlos Mario pertenecía a la etnia wiwa, mi hijo era una persona de buenos principios, un trabajador», señaló. «Carlos Mario era mi único hijo, a mi edad que tengo, quedé sin nada por culpa de ellos», concluyó.
Luego de la intervención del primer grupo de víctimas, Yeris Andrés Gómez Coronel, uno de los comparecientes, tomó la palabra para reconocer su participación en estos crímenes.
«Acepto mi responsabilidad como ejecutor material en el asesinato en persona protegida, desaparición, como encubridor de paramilitares, que tanto daño causé a las víctimas. En esta alianza entre paramilitares y miembros del Batallón La Popa fueron asesinados fuera de combate civiles e indígenas inocentes, así como excombatientes«, dijo.
Y añadió: «Reconozco que hice parte de un grupo que se convirtió en una organización criminal dentro del Ejército, encargado de cometer crímenes contra personas que en su mayoría no hacían parte del conflicto. Llevamos a cabo una persecución en contra de la población civil e indígena. Siempre obedecí órdenes de mis superiores sin cuestionarlas ni pensar en el daño que causarían. Reconozco que le quité la vida a seres humanos con derecho a vivir, a una comunidad le destruí sus sueños y proyectos de vida«, expuso.
Contó que el primer asesinato extrajudicial que cometió fue el de un excombatiente del ELN que había caído herido en combate a quien no le prestaron los primeros auxilios, sino que lo asesinó por orden de su superior, quien luego le dio 100.000 pesos y una caja de arroz chino para todos.
Continuó describiendo la alianza con paramilitares que tuvo el batallón y dijo que un día estuvo en una reunión a la que asistió el coronel (r) Publio Hernán Mejía, excomandante del Batallón La Popa, con los paramilitares de ‘Jorge 40’.
Contó otro episodio en el que tuvieron contacto con paramilitares: «Se entregaron 9 personas con su respectivo armamento, y 9 más que estaban heridos y no les prestamos los primeros auxilios, sino que les dimo tiros de gracia por orden del mayor José Pastor Ruiz Mahecha, a las otras 9 personas que nos entregaron vivas el mayor nos dio la orden de asesinarlas». Los 18 cuerpos, continuó, «luego fueron montados en un vehículo y se reportó que eran criminales por orden del coronel Mejía», dijo.
Así mismo, habló de una ocasión en la que sus superiores les ordenaron fingir un combate y disparar al aire, luego les pidieron ir a buscar debajo de un puente, en donde encontraron tres cuerpos que llevaban varias horas muertos, según su relato. Esas personas, dijo, eran campesinos que nada tenían que ver con los hechos, pero fueron reportados como criminales.