Ayer viernes, la comunidad de la Institución Educativa José Eustacio Rivera, en Isnos, conoció un fallo judicial a favor de la acción interpuesta por estudiantes y padres de familia. Sin embargo, lejos de ser una celebración, el anuncio generó cuestionamientos sobre la seguridad dentro de la institución y la gestión de los docentes. El fallo reconoció parcialmente la vulneración de derechos fundamentales a la educación, integridad física y mental, seguridad personal y protección de los menores.
Lo polémico del caso se intensificó con la captura del docente Javier Mayorga Díaz. Según versiones preliminares, la detención —quien se desempeñaba en el colegio José Eustacio Rivera— estaría relacionada con porte y fabricación ilegal de armas de fuego, manejo de estupefacientes y presunta instrumentalización de menores. Su detención se realizó en su residencia, donde se hallaron marihuana, un arma traumática y elementos tecnológicos, dejados a disposición de la Fiscalía.
Medidas polémicas adoptadas
El fallo había ordenado que la Secretaría de Educación asignara al docente actividades no lectivas o labores administrativas mientras se adelantaban procesos legales y disciplinarios. Sin embargo, la captura evidencia que estas medidas resultaron insuficientes para garantizar la seguridad de los estudiantes. La Secretaría informó que Mayorga laboró entre 2020 y 2022 en la Institución Educativa San José de Oporapa y luego fue trasladado a Acevedo por “convivencia”, según la resolución oficial.
Ayer, la institución convocó a toda la comunidad educativa —consejos, voceros y padres— a una mesa de trabajo con el Secretario de Educación Departamental. Aunque el diálogo fue considerado clave, varios asistentes cuestionaron la demora en implementar medidas efectivas, dejando en evidencia un sistema educativo que aún lucha por proteger a los estudiantes.