La justicia volvió a poner contra las cuerdas al alcalde de Gigante, Josué Manrique Murcia, tras la apertura de un incidente de desacato por el incumplimiento de un fallo de tutela que desde septiembre de 2023 ordenaba garantizar el derecho al saneamiento básico en el barrio El Carmen, sector El Callejón. La medida judicial surgió tras denuncias de vecinos y seguimiento de la Personería Municipal, que evidenciaron cómo el problema de los pozos sépticos rebosados ha persistido sin solución, afectando la salud y la dignidad de numerosas familias.
El Juzgado Primero Promiscuo Municipal, en un fallo ratificado por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Garzón, concluyó que tanto la Alcaldía como Empugigante vulneraron derechos fundamentales al no ejecutar las medidas necesarias para resolver la crisis sanitaria. La decisión incluyó la orden de adoptar de inmediato acciones técnicas y presupuestales que permitan brindar una solución estructural, con el objetivo de evitar que la situación se siga deteriorando y continúe generando riesgo para la comunidad.
Desacato persistente
Casi dos años después del fallo inicial, el incumplimiento persiste. Por ello, la Personería Municipal solicitó formalmente la apertura del incidente de desacato, y el juzgado acogió la petición. Tanto el alcalde Manrique como la gerente de Empugigante recibieron un plazo de apenas dos días para justificar sus gestiones y explicar los motivos por los cuales no se han implementado las medidas ordenadas. Este proceso representa un fuerte golpe a la legitimidad de la administración, que durante su campaña prometió eficiencia, transparencia y soluciones inmediatas, pero que hoy enfrenta acusaciones de negligencia frente a un problema que permanece sin resolverse.
Los vecinos del barrio El Carmen han expresado su preocupación y frustración, señalando que la situación sanitaria continúa siendo crítica. El incumplimiento del fallo judicial ha generado indignación social, evidenciando la desconexión entre los discursos políticos y la realidad que viven los ciudadanos en su día a día.
Encrucijada municipal
Mientras el despacho judicial estudia posibles sanciones, la comunidad sigue a la espera de soluciones concretas. La apertura del incidente marca un precedente en Gigante: la justicia se convierte en el único recurso que obliga a la administración a actuar frente a derechos fundamentales. Para el alcalde Manrique, esta situación representa un capítulo incómodo en su mandato, que lo deja bajo el escrutinio político más severo y cuestiona su capacidad para cumplir compromisos con la ciudadanía. La crisis en el barrio El Carmen no solo refleja la incapacidad administrativa, sino también la urgente necesidad de que se implementen acciones efectivas que protejan la salud y el bienestar de los habitantes.