El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia oficializó la derogación del Decreto 170 del 20 de febrero de 2026, que imponía un arancel del 30% a productos importados de Ecuador. Con la eliminación de aranceles por parte de Colombia, se daría fin a la llamada ‘guerra arancelaria’ que sostuvieron los dos países desde inicios de febrero de 2026, y se espera que el intercambio comercial entre ambos países retorne a la normalidad, algo que se celebra en el Puente Internacional de Rumichaca, en frontera Ipiales-Tulcán.
Esta medida, formalizada el pasado 5 de junio a través del Decreto 0583, y difundida este martes 9 de junio de 2026, responde a la orden de la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones, CAN, que argumentó que los aranceles interpuestos por ambos países violaban el Acuerdo de Cartagena, el cual prohíbe imponer gravámenes entre sus países miembro, por lo cual ordenó a las dos naciones desmontar dichas medidas arancelarias.
De esta manera, tanto Ecuador, en cabeza de Daniel Noboa como Colombia, liderada por Gustavo Petro, siguieron la orden que expidió la Comunidad Andina de Naciones, CAN.
El conflicto comercial se originó a comienzos de 2026, cuando el gobierno del presidente ecuatoriano Daniel Noboa estableció una denominada «tasa de seguridad» para determinados productos, a lo que Colombia respondió.
Posteriormente, ambos países adoptaron medidas arancelarias que llegaron a alcanzar el 100% en algunos casos, afectando de manera significativa el intercambio comercial y el tránsito por el puente internacional de Rumichaca, impactando significativamente las economías de las poblaciones fronterizas como Ipiales (Colombia) y Tulcán (Ecuador).
Con la derogación del arancel colombiano, se espera una normalización gradual del comercio bilateral. No obstante, se mantendrán durante 45 días medidas transitorias para algunos tipos de arroz ecuatoriano, con un desmontaje progresivo orientado a fortalecer los controles aduaneros y combatir el contrabando en la frontera sur.
La resolución de este conflicto marca un paso importante para la integración regional y la recuperación económica en la zona fronteriza, beneficiando a productores, comerciantes y consumidores de ambos países, dejando atrás a una guerra comercial que impacto la economía del sur de Nariño.