El director de Fiscalías Antioquia, Daniel Parada, anunció que la decisión de la Fiscalía General al mando de Francisco Barbosa es que los fiscales retirados de Tarazá, tras ser secuestrados por el “Clan del Golfo”, no retornen a dicho municipio y en consecuencia el Bajo Cauca no tenga presencia de la autoridad judicial in situ.
Según anunció Parada la decisión es que los tres funcionarios sigan despachando desde Medellín. “Los tres fiscales que fueron secuestrados se reintegraron a sus actividades laborales y están ejerciendo su función como fiscales desde la sede del búnker de aquí de Medellín; ellos están trabajando”.
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El director seccional aseguró que los tres fiscales podrán cumplir todas sus funciones desde la capital antioqueña pues mantendrán en contacto permanente con la Fuerza Pública y los jueces que ofician en el Bajo Cauca.
Cabe recordar que los tres funcionarios fueron secuestrados mientras se movilizaban en una camioneta, el pasado 6 de octubre, por orden de alias Gonzalito, máximo cabecilla del Clan del Golfo en la subregión, en una acción que buscó forzar a la Fiscalía para que anulara 16 órdenes de captura de integrantes del grupo criminal, incluyendo la del propio Gonzalito, a cambio de la liberación de los fiscales. Finalmente, los funcionarios recuperaron la libertad sin mediar esta exigencia.
La versión que entregó el director de la Fiscalía, Francisco Barbosa, es que los funcionarios le manifestaron que tras el secuestro pasaron por tres puestos de control del Ejército y de la Policía, “quienes no realizaron ninguna acción preventiva para garantizar la seguridad y orden público de esa zona”, indicó.
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Esta versión fue refutada por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien señaló que si la fuerza pública no adelantó ninguna acción fue porque desconocía lo ocurrido al interior del vehículo y que no tenían ningún indicio de que los funcionarios estuvieran en una situación de peligro.
El ministro cuestionó además la decisión de despojar al Bajo Cauca de fiscales, ante los diferentes factores criminales que azotan a la región y que precisan de la presencia del poder judicial. “Me parece una decisión apresurada del fiscal general cerrar la Fiscalía de Tarazá cuando no ha pedido a las fuerzas armadas la seguridad para que se mantuviera esa entidad en ese municipio”, dijo el ministro de Defensa.
El gobernador Aníbal Gaviria también había solicitado el regreso urgente de los fiscales a Tarazá, pero la decisión que ya tomó la Fiscalía es que estos operan desde Medellín, algo que las autoridades municipales y comunidad califican como un abandono de la institucionalidad.