La Fiscalía General de la Nación ha presentado una acusación formal contra Ramsés Vargas Lamadrid, exrector de la Universidad Autónoma del Caribe, imputándole seis delitos en relación con el presunto desfalco millonario que habría afectado a la institución educativa.
El exrector, según la entidad acusadora, enfrenta cargos por concierto para delinquir, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, estafa agravada, omisión del agente retenedor y corrupción privada. Esta acción legal se enmarca dentro de una investigación que señala un presunto desfalco que supera los 16 mil millones de pesos.
Además de Ramsés Vargas, ocho exfuncionarios también se les acusó por delitos similares por parte de la Fiscalía, lo que destaca la amplitud de la presunta red delictiva vinculada al desfalco de la Universidad Autónoma del Caribe.
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La Universidad Autónoma del Caribe no es ajena a los escándalos
La detención de Ramsés Vargas tuvo lugar en noviembre de 2018, meses después de estallar el escándalo en la Alma Máter. En 2019, se le otorgó la medida de casa por cárcel, y en 2020, quedó en libertad por vencimiento de términos, marcando un capítulo controvertido en este caso.
La Fiscalía pudo formalizar las acusaciones contra el exrector y los ocho exfuncionarios después de superar diversas solicitudes de nulidad presentadas por los abogados defensores en el transcurso de la investigación.
El juicio está programado para el 23 de mayo de 2024, mientras que las audiencias preparatorias se llevarán a cabo en abril del mismo año. Esta fecha marca un paso crucial en el proceso judicial, que busca esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de los implicados en el presunto desfalco.
Cabe destacar que este no es el único caso judicial que ha envuelto a la Universidad Autónoma del Caribe, ya que la exrectora Silvia Gette Ponce también enfrenta acusaciones. En este contexto, fue llamada a juicio por el homicidio del ganadero Fernando Cepeda en 2003, según la Fiscalía, por su presunta participación como «determinadora» en el crimen, lo que resultó en una imputación de homicidio agravado. La investigación sugiere una supuesta diferencia personal entre Gette y el ganadero, lo que habría motivado el pago a miembros de las extintas autodefensas para llevar a cabo el asesinato.
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