Exalcalde de Puerto Boyacá Jicly Mutis Isaza / Foto: archivo particular
La Fiscalía General de la Nación adelanta una investigación por presuntas irregularidades en el contrato No. 9677-PPAL001-1220-2023, avaluado en cerca de $79.000 millones, destinado a obras de mitigación de erosión e inundaciones en el sector de Puerto Serviez, en el municipio de Puerto Boyacá.
El exalcalde Jicly Mutis Isaza se pronunció públicamente tras conocerse la denuncia penal, asegurando que durante su administración la Alcaldía no tuvo participación directa en la contratación ni en la administración de los recursos del proyecto. Según su versión, todo el proceso contractual fue liderado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entidad encargada de los estudios técnicos, la adjudicación y la firma del contrato con el operador seleccionado.
Mutis Isaza explicó que el papel del municipio se limitó a gestiones institucionales para impulsar la ejecución del proyecto, dado su impacto en la reducción del riesgo por desbordamientos e inestabilidad de suelos en zonas rurales estratégicas. También señaló que, aunque el contrato llegó a tener acta de inicio, no se realizaron desembolsos económicos desde la administración municipal ni se entregaron anticipos relacionados con la obra.
El exmandatario sostuvo además que la denuncia se enmarca en un contexto político local, donde —según él— se han incrementado las controversias y señalamientos entre sectores en oposición. Sin embargo, afirmó que afronta el proceso con tranquilidad y que está dispuesto a colaborar con las autoridades competentes para esclarecer los hechos.
Por su parte, la investigación busca establecer si existieron posibles fallas en la planeación, supervisión o ejecución del contrato, así como determinar el grado de responsabilidad de las entidades involucradas. El caso ha generado inquietud en la región debido al alto monto de los recursos y la importancia del proyecto para la mitigación del riesgo ambiental.
Mientras avanzan las indagaciones, la principal incógnita sigue sin resolverse: si la Alcaldía de Puerto Boyacá tuvo o no algún nivel de participación indirecta en el proceso contractual. Será la justicia la encargada de definir responsabilidades en un caso que continúa bajo la lupa de las autoridades.