La Fiscalía General de la Nación formalizó la acusación contra Juliana Guerrero, quien estuvo cerca de asumir el cargo de viceministra de las Juventudes, por los presuntos delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público. Con esta decisión, el proceso judicial entra en una nueva etapa y será un juez quien determine su responsabilidad.
De acuerdo con la investigación, el ente acusador sostiene que Guerrero habría presentado documentos académicos que no correspondían a estudios efectivamente cursados, con el propósito de acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos para acceder a un cargo en el Gobierno nacional.
La acusación indica que la información fue incorporada al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP II), donde se registró su hoja de vida para respaldar su aspiración al viceministerio. Según la Fiscalía, existen elementos probatorios que apuntan a que algunos de los títulos reportados no habrían sido obtenidos de manera legítima.
Entre las pruebas recopiladas figura información suministrada por la institución educativa involucrada, la cual, de acuerdo con la investigación, señala que Guerrero no habría estado matriculada ni cumplido con los requisitos académicos necesarios para recibir uno de los títulos que presentó.
El caso generó una amplia controversia desde que se conocieron las inconsistencias en la hoja de vida de la funcionaria, situación que llevó a cuestionamientos sobre su posible nombramiento dentro del Ejecutivo. Ahora, con la radicación del escrito de acusación, la justicia deberá establecer si las pruebas presentadas por la Fiscalía son suficientes para emitir una condena o absolver a la procesada.
