En la madrugada del lunes 13 de octubre de 2025, el municipio de Apartadó, en el Urabá antioqueño, despertó con una grave sorpresa: 18 personas privadas de la libertad escaparon de la Estación de Policía local tras abrir forzadamente muros que conectaban la sala de retenidos con un local comercial adyacente.

Las autoridades reportaron que la fuga se materializó aproximadamente a las 2:30 a.m. de ese día. Según informes oficiales, los detenidos habrían estado conspirando durante al menos cinco días para debilitar el muro contiguo, usando herramientas que no les fueron incautadas al momento de su captura.

Recapturas y operativos desplegados

Aunque se hablaron inicialmente de dos recapturas, los datos confirmados indican lo siguiente:

  • Uno de los fugados, identificado con el alias “Vaca” (o “La Vaca”), se entregó voluntariamente a las autoridades tras el escape.
  • A esa captura voluntaria se suma otra persona que fue recapturada por las fuerzas policiales. Sin embargo, aún permanecen 17 prófugos.
  • La Policía de Urabá activó un plan candado en toda la zona urbana y rural del municipio para evitar que los fugados escaparan de la región, reforzando controles vehiculares, puestos de registro y patrullajes.
  • Además, se ordenó una investigación disciplinaria interna para determinar las posibles fallas en los protocolos de seguridad y trazabilidad del caso.
  • Como incentivo, las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 5 millones de pesos para quien suministre datos veraces que faciliten la recaptura de los escapeados.

Perfil de los fugados y contexto institucional

Según la Policía y medios locales, los 18 prófugos tenían antecedentes por delitos como feminicidio, hurto agravado, porte ilegal de armas y otros delitos graves. Las identidades y rostros de los fugados fueron divulgados públicamente para facilitar su localización.

Este episodio se suma a un antecedente ocurrido hace unos años: en la misma estación de Policía, nueve detenidos se fugaron durante una balacera, habiendo reducido al policía de turno y aprovechando la confusión para huir.

Organismos judiciales, autoridades locales y nacionales se encuentran en alerta máxima para evitar que esta fuga derive en problemas de orden público, especialmente en municipios de la subregión que suelen tener debilidades en infraestructura penitenciaria y carencia de recursos humanos.

Retos y desafíos estructurales

La fuga pone en evidencia varios puntos críticos:

  1. Infraestructura insegura: La conexión entre la sala de retenidos y locales comerciales contiguos se ha convertido en una vulnerabilidad.
  2. Falta de control y decomiso: Que los detenidos pudieran movilizar objetos para debilitar muros indica posibles fallas en los operativos de registro.
  3. Hacinamiento y condiciones de retención: Estaciones policiales no están diseñadas para una retención prolongada de presos, lo que agrava los riesgos administrativos y de seguridad.
  4. Presión social y riesgo comunitario: La presencia de fugitivos con antecedentes graves puede generar temor en la comunidad local.
  5. Debilidad institucional: La necesidad de una investigación interna y la reactivación de protocolos de seguridad llaman la atención sobre posibles negligencias o falta de seguimiento previo.

En suma, la fuga de 18 presos de la estación de Policía de Apartadó, con solo dos recapturas hasta ahora confirmadas, representa una falla seria en los mecanismos de custodia policial local, abre interrogantes sobre la rendición de cuentas y exige una respuesta rápida y efectiva de las instituciones encargadas de la seguridad pública.

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Tortura y amenazas: Fiscalía narró el horror vivido por cobrador secuestrado, presuntamente, por hijo de DiomedesZona Cero@zonacero02 de Julio de 20263:55 pmShare:FacebookTwitterEmailWhatsAppLo señalaban de apropiarse de entre 15 y 30 millones de pesos, perteneciente a la organización de préstamo en la que laboraba.El Fiscal Delegado Ante Jueces del Circuito, Rodrigo Restrepo detalló en audiencia de imputación de cargos los hechos por los que hoy es investigado Luis Mariano Díaz González, hijo de Diomedes Díaz y Betsy Liliana González, y otras cinco personas más.El ente acusador explicó que las investigaciones se realizan por los presuntos delitos de secuestro simple y tortura contra Carlos Alfredo Mejía Vargas, quien se desempeñaba como cobrador.Detalló que los hechos ocurrieron a las 12:40 de la madrugada del sábado 23 de agosto de 2025, cuando un grupo conformado por Luis Mariano Díaz, Keiner David Rocha Gamero, Darío Andrés Tirado Bossio, José David Martínez Ibáñez, Alexis Rafael Jiménez Urina y Stiven Rafael Bolaño De La Hoz, y otras 16 personas más, llegaron en cerca de diez motocicletas hasta una vivienda ubicada en el barrio Ciudad Modesto, en Barranquilla. Inversiónportuaria BarranquillaLa Fiscalía sostiene que los implicados, actuando de manera coordinada y con distribución de funciones, ejecutaron un plan para privar ilegalmente de la libertad a Carlos Alfredo, quien se desempeñaba como cobrador de la empresa informal de préstamos denominada «Soluciones Mano a Mano», señalando de apropiarse de entre 15 y 30 millones de pesos, perteneciente a esa organización de préstamo. El Fiscal del caso precisó que los procesados llegaron hasta la residencia de Mejía Vargas, intimidaron con armas de fuego a su familia y obligaron al cobrador a salir de su inmueble. Posteriormente, lo subieron en una de las motocicletas y se lo llevaron contra su voluntad hasta una vivienda ubicada en el barrio Las Granjas, en la localidad metropolitana de Barranquilla.Según los detalles que reveló el investigador, la víctima permaneció retenida aproximadamente entre la 1:00 de la madrugada y el mediodía del mismo sábado, bajo el control permanente de sus captores.Mientras Carlos Alfredo Mejía permanecía secuestrado, los integrantes de la organización establecieron comunicación con sus familiares exigiendo el pago de 15 millones de pesos para dejarlo en libertad.Según el Fiscal, una vez los integrantes de la organización conocieron que la familia no disponía del dinero que exigían, estos sugirieron que entregaran una vivienda mediante la firma de la correspondiente escritura pública a favor de una persona designada por la organización.La Fiscalía sostiene que durante las conversaciones los familiares recibieron amenazas de causar daño tanto a la víctima como a sus allegados si no accedían a las exigencias.La investigación también señala que durante el tiempo que permaneció retenido, Carlos fue sometido a una serie de agresiones físicas y psicológicas con el propósito de obligarlo a aceptar la supuesta desaparición del dinero y revelar su ubicación.Según el relato de la Fiscalía, la víctima recibió golpes de puño en el rostro y otras partes del cuerpo, patadas, golpes con tablas de madera, tubos y otros objetos contundentes.Asimismo, habría sido golpeado repetidamente con la cacha y la punta de un arma de fuego y sufrió heridas ocasionadas con un arma cortopunzante en la mano derecha y en una de sus piernas.La Fiscalía afirmó que durante los actos de violencia llegó al lugar Luis Mariano Díaz González, señalado como líder de la organización, acompañado por Steven Rafael Bolaño de la Cruz y José David Martínez Ibáñez.Según el ente investigador, Luis Mariano Díaz González y Steven Rafael Bolaño asumieron personalmente la dirección de las agresiones.Lea también: Capturan a Luis Mariano Díaz, hijo de Diomedes: lo señalan de coautor de secuestro y torturaEn particular, la Fiscalía indicó que Díaz González habría golpeado en repetidas ocasiones a la víctima en la cabeza con la cacha de un arma de fuego, mientras continuaba exigiéndole que confesara la supuesta apropiación del dinero.Por su parte, Dairo Andrés Tirado Bocio habría participado en el traslado, la custodia y las agresiones contra la víctima.Igualmente, Alexis Rafael Jiménez Urina es señalado de coordinar el inicio de la retención, convocar a los demás integrantes de la organización, participar en las agresiones y mantener el control de la actuación criminal.Los demás procesados, según la Fiscalía, ejecutaron labores de vigilancia, agresiones físicas y amenazas, actuando de manera coordinada y con reparto funcional de tareas para asegurar el sometimiento de Carlos Alfredo Mejía Vargas.