La decisión del gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella de eliminar la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz y redistribuir parte de sus funciones, así como modificar la estructura de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ha provocado diversas reacciones en los sectores políticos y organizaciones vinculadas al proceso de paz.
Desde distintos sectores se han expresado inquietudes por el impacto que la medida podría tener en el seguimiento a los compromisos derivados del Acuerdo de Paz de 2016. Algunos líderes consideran que los cambios podrían afectar la coordinación institucional y la continuidad de programas dirigidos a las comunidades beneficiarias.
Por su parte, voceros cercanos al nuevo gobierno defendieron la reorganización administrativa y aseguraron que el objetivo es optimizar el funcionamiento del Estado, evitar la duplicidad de funciones y fortalecer la gestión de las políticas públicas relacionadas con la seguridad, la reconciliación y la estabilización territorial.
El debate también alcanzó a organizaciones sociales y expertos en construcción de paz, quienes señalaron la importancia de garantizar que cualquier modificación preserve los mecanismos de seguimiento y la ejecución de los compromisos adquiridos por el Estado colombiano en materia de implementación del acuerdo.
Mientras continúan las discusiones, se espera que el Gobierno presente oficialmente el alcance de la reforma institucional y explique cómo quedarán distribuidas las competencias que actualmente desempeñan la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, con el fin de brindar claridad sobre el futuro de la política de paz en el país.