La expresidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, Gloria Arizabaleta, aseguró que adelantó gestiones ante autoridades de Estados Unidos con el objetivo de obtener declaraciones de varios narcotraficantes extraditados, entre ellos alias Otoniel, Pipe Tuluá, el exmilitar venezolano Hugo ‘El Pollo’ Carvajal y el denominado «narcopiloto» Carlos Restrepo, en medio de investigaciones relacionadas con la campaña presidencial de Gustavo Petro de 2022.
Las declaraciones fueron entregadas en una extensa entrevista a la revista SEMANA, en la que la excongresista sostuvo que su suspensión por parte de la Procuraduría General de la Nación habría ocurrido mientras intentaba avanzar en dichas diligencias.
¿Qué buscaba la exrepresentante en Estados Unidos?
Según Arizabaleta, desde mediados de 2025 inició contactos con personas y entidades en Estados Unidos para conocer si existían testimonios o elementos probatorios relacionados con presuntos aportes irregulares a la campaña presidencial de Gustavo Petro.
La exrepresentante afirmó que viajó a territorio estadounidense en octubre de 2025 y sostuvo reuniones con funcionarios y fiscales, incluyendo un fiscal de Tampa que llevaba procesos relacionados con Carlos Restrepo, quien ha sido mencionado en investigaciones por narcotráfico. Su intención, aseguró, era solicitar declaraciones formales que pudieran ser incorporadas a los expedientes de la Comisión de Acusación.
Arizabaleta insistió en que la investigación no se limitaba a una eventual violación de topes electorales, sino a la posible existencia del delito de financiación de campañas con fuentes prohibidas, una conducta que podría tener implicaciones penales de mayor alcance.
El caso Pipe Tuluá y las supuestas pruebas
Uno de los puntos más delicados de la entrevista gira alrededor de alias Pipe Tuluá, señalado jefe criminal que antes de su extradición manifestó tener información sobre presuntos aportes a la campaña presidencial de Petro.
La exrepresentante aseguró que el abogado del narcotraficante la contactó en enero de 2026 y le mostró fotografías, conversaciones y otros elementos que calificó como «muy sensibles». Según su versión, algunos de esos materiales mostrarían comunicaciones entre miembros de la organización criminal y Juan Fernando Petro, hermano del entonces presidente de la República.
Sin embargo, Arizabaleta reconoció que dichos elementos no podían ser incorporados directamente a un proceso judicial porque, desde el punto de vista procesal, no fueron obtenidos mediante una orden o solicitud formal de una autoridad competente.
La controversia sobre la Comisión de Acusación
La excongresista también cuestionó las limitaciones institucionales de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, señalando que las autoridades estadounidenses consideran a este organismo como una dependencia legislativa y no estrictamente judicial.
Según explicó, esta percepción habría dificultado la cooperación internacional y el acceso a testimonios de personas recluidas en cárceles estadounidenses. Además, criticó la falta de herramientas investigativas y de apoyo de organismos nacionales para adelantar procesos contra un presidente de la República.
La suspensión de Arizabaleta
Otro de los puntos centrales de la polémica es la suspensión impuesta por la Procuraduría General.
Arizabaleta sostiene que la medida fue adoptada después de haber avanzado en varias de estas gestiones internacionales y que la decisión buscó apartarla de investigaciones sensibles relacionadas con el presidente Petro.
La exrepresentante ha cuestionado la competencia jurídica de la Procuraduría para suspenderla y ha señalado que su actuación se enmarcaba dentro de sus funciones como integrante de la Comisión de Acusación. Estas afirmaciones, no obstante, han generado un amplio debate jurídico y político.
Un caso que sigue generando controversia
Las revelaciones aparecen en un contexto de múltiples investigaciones y denuncias relacionadas con la financiación de la campaña presidencial de 2022.
Hasta el momento, las afirmaciones de Gloria Arizabaleta y las declaraciones atribuidas a Pipe Tuluá hacen parte de un escenario de denuncias y señalamientos que deberán ser corroborados por las autoridades competentes mediante pruebas judiciales verificables.
La Fiscalía colombiana ya había evaluado la posibilidad de solicitar cooperación judicial con Estados Unidos para tomar declaración a alias Pipe Tuluá, en medio de investigaciones sobre supuestos aportes irregulares a la campaña presidencial.
Por ahora, las revelaciones de la exrepresentante reabren el debate sobre el alcance de las investigaciones, la cooperación internacional en casos de alto impacto político y el funcionamiento de la Comisión de Acusación, un organismo históricamente cuestionado por la lentitud y complejidad de sus procesos.