El proceso de empalme entre el Gobierno saliente y la nueva administración dejó sobre la mesa varias alertas fiscales, sociales y sectoriales que deberán ser atendidas por el nuevo Ejecutivo. La Contraloría General de la República presentó un diagnóstico construido durante 62 mesas técnicas realizadas entre el 8 y el 31 de julio, en las que se revisó el estado de diferentes áreas de la administración pública.
El proceso fue liderado por el vicepresidente electo José Manuel Restrepo y el vicecontralor Carlos Enrique Silgado Betancourt. Entre las principales preocupaciones aparece una posible tronera fiscal cercana a $30 billones en el Presupuesto General de la Nación de 2027, además de presiones derivadas del crecimiento del gasto destinado al servicio de la deuda pública.
Las alertas abarcan también programas sociales, infraestructura, energía y transporte.
Caja en rojo heredada
Uno de los principales focos de preocupación está relacionado con las finanzas públicas. Durante las mesas de empalme, la Contraloría entregó diagnósticos sobre la disponibilidad de recursos y las obligaciones que deberá asumir la nueva administración.
El organismo alertó sobre un faltante cercano a $30 billones en el Presupuesto General de la Nación de 2027, situación que podría limitar el margen de maniobra del próximo Gobierno para financiar programas y cumplir compromisos.
A esto se suma un mayor gasto asociado al servicio de la deuda pública, lo que representa una presión adicional sobre las cuentas nacionales.
Vejez desatendida
En el componente social también surgieron advertencias relacionadas con la financiación de programas dirigidos a poblaciones vulnerables.
José Manuel Restrepo aseguró que no están garantizados los recursos necesarios para financiar el programa destinado a los adultos mayores, con una necesidad estimada de casi $3,2 billones.
El vicepresidente electo también cuestionó la contratación relacionada con la atención a la primera infancia. Según explicó, durante el empalme se encontraron contratistas que, de acuerdo con la evaluación de la Contraloría, no contarían con las competencias necesarias para atender a esta población.
La situación genera preocupación frente a la continuidad de programas sociales y obliga al nuevo Gobierno a revisar tanto su financiación como los procesos de contratación.
Obras fantasmas
La infraestructura representa otro de los grandes desafíos identificados durante el empalme. La Contraloría reportó la existencia de proyectos considerados elefantes blancos que requerirían recursos cercanos a $54 billones para poder ser recuperados y puestos nuevamente en funcionamiento.
El diagnóstico también identificó obras consideradas irrecuperables, cuyo valor se aproxima a $214 millones, recursos que prácticamente estarían perdidos.
El organismo de control señaló que estas situaciones reflejan problemas en la planeación, ejecución y administración de los recursos públicos.
Para el nuevo Gobierno, el reto será determinar cuáles proyectos pueden ser terminados, cuáles requieren modificaciones y cuáles deben ser descartados, evitando que continúen generando gastos sin resultados concretos.
Energía endeudada
El sector de minas y energía también quedó entre los principales focos de alerta. La Contraloría identificó un riesgo severo de liquidez debido al retraso en el pago de subsidios de gas y energía.
Las obligaciones acumuladas alcanzan cerca de $5,6 billones. De ese total, aproximadamente $2,9 billones corresponden a Air-e, mientras que existen obligaciones cercanas a $1 billón con distribuidoras de energía y alrededor de $0,7 billones con distribuidoras de gas.
El diagnóstico indica que hasta ahora solo se ha cumplido aproximadamente el 25 % de estos compromisos, situación que genera presión financiera sobre el sector y representa uno de los asuntos que deberá resolver la nueva administración.
Vías rezagadas
El transporte fue otro de los sectores señalados por la Contraloría debido a los bajos niveles de ejecución y a los riesgos fiscales derivados de diferentes controversias.
Según el balance presentado durante el empalme, en 2025 apenas se ejecutó el 13 % de lo presupuestado para este sector. El organismo de control también advirtió que los cambios en las reglas y diferentes disputas podrían generar pretensiones fiscales cercanas a $14 billones contra la Nación.
Este escenario convierte al transporte en uno de los sectores que requerirá mayor atención por parte del nuevo Gobierno, especialmente por la combinación de baja ejecución, proyectos pendientes y posibles litigios que podrían impactar las finanzas públicas.
¿Qué encontró el empalme del nuevo Gobierno?
El diagnóstico presentado durante la transición deja varios desafíos para la administración entrante:
- Un posible faltante cercano a $30 billones en el presupuesto de 2027.
- Necesidades de financiación por $3,2 billones para el programa de adultos mayores.
- Cerca de $54 billones requeridos para recuperar proyectos considerados elefantes blancos.
- Aproximadamente $5,6 billones en obligaciones relacionadas con subsidios de energía y gas.
- Posibles pretensiones fiscales por $14 billones asociadas al sector transporte.
- Baja ejecución presupuestal en infraestructura y transporte.
- Alertas sobre contratación para la atención de la primera infancia.
El empalme, desarrollado durante julio, deja así un panorama marcado por presiones fiscales, deudas sectoriales, obras pendientes y necesidades de financiación social. Estos asuntos estarán entre las primeras decisiones que deberá abordar el nuevo Gobierno para definir prioridades, ajustar el presupuesto y establecer mecanismos que permitan atender las obligaciones heredadas.