A pocas semanas de finalizar el mandato del presidente Gustavo Petro, el Gobierno nacional anunció una de sus decisiones presupuestales más llamativas: trasladar cerca de $4 billones adicionales a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), una entidad que en los últimos años ha estado en el centro de uno de los mayores escándalos de corrupción del país. La medida ha abierto un intenso debate político y económico sobre su conveniencia, sus objetivos y los riesgos que podría implicar.
La principal razón: prepararse para un nuevo fenómeno de El Niño
Según explicó el Gobierno, el objetivo de la reasignación de recursos es anticiparse a los efectos de un eventual fenómeno de El Niño entre 2026 y 2027, que podría generar sequías severas, incendios forestales, desabastecimiento de agua y afectaciones al sistema energético colombiano.
El presidente Petro aseguró que el país no puede esperar a que las emergencias ocurran para actuar y defendió la necesidad de contar con recursos suficientes para responder de manera inmediata ante posibles desastres naturales.
La decisión estaría acompañada de una declaratoria preventiva de desastre nacional, mecanismo contemplado en la Ley 1523 de 2012, que permite agilizar la contratación y la ejecución de recursos en situaciones extraordinarias.
¿Por qué la decisión genera polémica?
Aunque el Ejecutivo argumenta que se trata de una medida preventiva, el anuncio ha despertado fuertes cuestionamientos debido al pasado reciente de la UNGRD.
La entidad se vio envuelta en un enorme escándalo de corrupción tras revelarse presuntas irregularidades en la compra de carrotanques para La Guajira y en la adjudicación de contratos que habrían servido para desviar recursos públicos y, presuntamente, financiar acuerdos políticos. Las investigaciones han involucrado a exdirectivos de la entidad y a varios actores políticos de alto nivel.
Precisamente por ese antecedente, sectores de oposición y algunos analistas consideran riesgoso entregar una suma tan elevada de dinero a una institución cuya credibilidad se encuentra seriamente golpeada.
Las críticas se centran en tres puntos:
- La cercanía del fin del Gobierno Petro.
- Los mecanismos extraordinarios de contratación que pueden activarse bajo una declaratoria de desastre.
- La necesidad de mayores controles y vigilancia sobre la ejecución de los recursos.
El Gobierno insiste en que se trata de prevención
Desde la Casa de Nariño se ha defendido la medida señalando que Colombia enfrenta riesgos climáticos crecientes derivados del cambio climático y que las capacidades de respuesta deben fortalecerse.
El Ejecutivo sostiene que la experiencia de años anteriores demostró que las emergencias climáticas pueden generar enormes costos humanos y económicos, especialmente en regiones vulnerables como La Guajira, la Amazonía y varios departamentos de la región Caribe.
De acuerdo con la información divulgada por el Gobierno, con estos nuevos recursos la UNGRD podría disponer de cerca de $8 billones para atender contingencias relacionadas con incendios, sequías y posibles afectaciones energéticas.
La sombra del escándalo de corrupción
Sin embargo, la controversia es inevitable.
El caso de la UNGRD se convirtió en una de las mayores crisis del gobierno Petro luego de que se conocieran denuncias sobre presuntos sobrecostos, direccionamiento de contratos y posibles pagos irregulares a congresistas. Las investigaciones de la Fiscalía y de la Corte Suprema continúan y varios exfuncionarios han rendido declaraciones que comprometen a importantes figuras políticas.
Por ello, diversos sectores han pedido que cualquier traslado de recursos esté acompañado de:
Mayor supervisión de los organismos de control
La Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía podrían intensificar el seguimiento de la ejecución presupuestal para evitar nuevas irregularidades.
Transparencia en la contratación
Expertos han insistido en que toda contratación relacionada con la atención de emergencias debe publicarse y ser objeto de veeduría ciudadana.
Rendición permanente de cuentas
La ciudadanía y el Congreso han solicitado informes periódicos sobre el destino de los recursos.
¿Qué puede pasar ahora?
El traslado de los recursos aún deberá surtir diferentes procedimientos administrativos y presupuestales. Sin embargo, el anuncio ya se convirtió en uno de los últimos grandes debates del gobierno Petro antes del cambio de administración.
Mientras el Ejecutivo insiste en que se trata de una decisión necesaria para proteger al país de futuras emergencias climáticas, sus críticos advierten que la medida podría abrir un nuevo frente de discusión sobre la transparencia y el manejo de los recursos públicos.
La discusión también refleja un problema más amplio: cómo fortalecer la capacidad del Estado para responder a desastres naturales sin repetir los errores que llevaron a la crisis institucional de la UNGRD.
Por ahora, la decisión de destinar $4 billones adicionales a la entidad permanecerá en el centro del debate político colombiano, especialmente por darse en los últimos días del mandato de Gustavo Petro y en medio de un ambiente de fuerte polarización nacional.