Sandra Liliana Polanco Quevedo, directora de la cárcel/Foto: archivo particular.
El Tribunal Administrativo de Boyacá admitió una Acción Popular presentada contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), mediante la cual se busca que se adopten medidas para el mejoramiento, ampliación y adecuación de la infraestructura de la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Santa Rosa de Viterbo.
La acción judicial pone sobre la mesa una problemática que durante años ha sido motivo de preocupación para internos, familiares y organizaciones interesadas en la defensa de los derechos de la población privada de la libertad.
Entre los principales argumentos expuestos se encuentran las condiciones de hacinamiento, el deterioro de algunas áreas del establecimiento y la necesidad de ampliar la capacidad instalada para responder al creciente número de personas recluidas. Según lo planteado en la demanda, las dificultades no se limitan a la infraestructura física.
También se advierten presuntas falencias en aspectos fundamentales como la alimentación, la atención en salud y el acceso a programas educativos y de resocialización, considerados esenciales para garantizar condiciones dignas de permanencia y favorecer los procesos de reintegración social.
La admisión de la Acción Popular no significa una decisión de fondo sobre las pretensiones presentadas. Sin embargo, abre formalmente el proceso judicial y permitirá que las entidades demandadas presenten sus argumentos y pruebas frente a los hechos expuestos por los accionantes.
La cárcel de Santa Rosa de Viterbo, ubicada en la vereda El Olivo, es uno de los principales centros de reclusión del departamento de Boyacá y atiende población privada de la libertad de diferentes municipios de la región. Actualmente, la dirección del establecimiento está a cargo de Sandra Liliana Polanco Quevedo, de acuerdo con la información oficial publicada por el INPEC.
El proceso será analizado por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que deberá determinar si existe vulneración de derechos colectivos y si corresponde ordenar medidas para mejorar las condiciones de infraestructura, servicios y atención de la población carcelaria en este establecimiento penitenciario.