La historia que hoy ocupa la atención en círculos políticos y jurídicos de Neiva tiene como protagonista a Johel Johana Monje Botero, exfuncionaria de la Alcaldía y antigua líder de programa, quien fue retirada del cargo como parte de un proceso de reestructuración de la planta de personal. Aunque su vinculación era en provisionalidad, contaba con fuero sindical por ser parte del sindicato UNTRAMUNE, lo que obligó a la administración municipal a tramitar el levantamiento del mismo ante la jurisdicción laboral.
El proceso siguió su curso legal. El 20 de noviembre de 2024, el Juzgado Primero Laboral de Neiva autorizó la desvinculación y, semanas después, el Tribunal Superior del Distrito Judicial ratificó la sentencia, abriendo paso a la salida definitiva de la funcionaria del servicio público.
Creación exprés de sindicato
Sin embargo, el 30 de diciembre, la sorpresa llegó a la administración: Monje Botero reaparecía como fundadora y miembro del sindicato SINTRAPU, cuya acta de constitución fue firmada apenas el 24 de diciembre, luego de haber sido notificada formalmente del fallo que autorizaba su retiro. El municipio interpreta esta acción como un intento directo por obstaculizar la ejecución de una resolución judicial en firme, utilizando los mecanismos sindicales para blindarse jurídicamente.
Denuncia penal por fraude
Frente a esta situación, la Administración Municipal de la Capital Huilense, decidió presentar una denuncia penal por el presunto delito de fraude a resolución judicial, una figura que castiga el uso indebido de recursos legales para desobedecer decisiones de los jueces.
La administración considera que la creación del nuevo sindicato no responde a fines de representación legítima, sino a una estrategia jurídica para mantenerse en un cargo que ya fue suprimido conforme a la ley.
¿Sindicalismo como blindaje?
El caso ha generado un debate más amplio sobre el uso de los fueros sindicales como herramientas para preservar beneficios personales y desafiar decisiones del Estado. Desde diversos sectores se cuestiona si este tipo de maniobras no debilita la esencia del sindicalismo auténtico y genera precedentes perjudiciales para el funcionamiento administrativo.
Investigación en curso
Las autoridades judiciales deberán esclarecer si existe responsabilidad penal por parte de Johel Johana Monje Botero y si hubo participación de terceros en la creación del nuevo sindicato con fines presuntamente ilícitos.
Mientras tanto, desde la administración municipal se reitera el compromiso con la legalidad y la transparencia en el manejo del recurso humano. Además, se evalúan posibles acciones administrativas complementarias para evitar que casos similares se repitan en el futuro, y se hace un llamado a fortalecer los mecanismos de control sobre la conformación de organizaciones sindicales en el sector público.