El pasado 29 de agosto, tras 18 días de intensa búsqueda, se confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de Valeria Afanador, una niña de 10 años con síndrome de Down, desaparecida desde el 12 de agosto en Cajicá, Cundinamarca. El hallazgo se realizó en las inmediaciones del río Frío, a escasos 300 metros del colegio donde fue vista por última vez, el Gimnasio Campestre Los Laureles.
La búsqueda, inicialmente activada tras el extravío en el colegio alrededor de las 10 a.m., implicó una respuesta coordinada entre autoridades, comunidad y familiares. Se revisaron más de 350 horas de grabaciones de seguridad, se utilizaron drones con cámara térmica, buzos especializados, bomberos, policías, voluntarios, e incluso la Interpol, mientras la recompensa por información fue escalando hasta 70 millones de pesos.
El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, expresó su consternación y recalcó que la zona del hallazgo ya había sido inspeccionada en múltiples ocasiones, lo que dificulta pensar que el cuerpo estuvo allí todos esos días. “Nos queda la sensación de que a Valeria la dejaron recientemente en el sitio”, afirmó.
El cuerpo fue localizado inicialmente por un campesino, quien alertó a las autoridades. Los operativos de levantamiento y traslado estuvieron a cargo del CTI (Cuerpo Técnico de Investigación) y los bomberos locales; posteriormente, el cadáver fue llevado a Medicina Legal para que se realice la necropsia correspondiente y se determine la causa exacta de muerte.
La Fiscalía confirmó oficialmente que el cuerpo hallado pertenece a Valeria Afanador, según dictamen de Medicina Legal. Mientras tanto, se han intensificado las investigaciones, incluyendo nuevas revisiones de cámaras, entrevistas, y entrevistas a testigos, con el fin de esclarecer las circunstancias y posibles responsables.
En respuesta a la tragedia, la Alcaldía de Cajicá decretó tres días de duelo oficial, se izaron banderas a media asta y se organizaron homenajes comunitarios —una señal de solidaridad y recogimiento, mientras la comunidad exige justicia.
El caso refleja una falla potencial en los protocolos de denuncia temprana. La Defensoría del Pueblo cuestionó especialmente el tiempo que tardó el colegio en reportar la desaparición, lo cual pudo haber afectado la efectividad de la respuesta.