El país sigue consternado por el crimen de Sara Millerey, una mujer trans de 32 años, encontrada sin vida en una quebrada del municipio de Bello, Antioquia. Las autoridades confirmaron que la víctima sufrió torturas antes de morir y continúan buscando pistas que permitan identificar a los responsables.

La familia de Sara la despidió el pasado martes 8 de febrero, resaltando su alegría, su buen corazón y el hecho de que “no le hacía daño a nadie”. En medio del dolor, su madre, Sandra, reveló el contenido de las últimas palabras que su hija escribió en su diario. «Sabes que he pasado muchos miedos y acechos, los cuales no quisiera que se cumplieran. Por favor te pido que no sucedan, yo te lo agradeceré con mi corazón», dejó plasmado Sara.

Sandra expresó que vivía con un temor constante por la seguridad de su hija, ya que con frecuencia la insultaban y la agredían por ser una mujer trans. “Ya no me dijo todo para no preocuparme, pero igual pasó eso tan atroz y tan vil”, relató. También lamentó no haber recibido información clara por parte de las autoridades. «No sé qué fue lo que pasó. Ella era una persona tranquila, no desaparecía, vivía conmigo, salía en la tarde y regresaba en la noche o al otro día, pero nunca se perdía».

Mientras avanza la investigación, la Alcaldía de Bello ofreció una recompensa de 50 millones de pesos por información que conduzca a los agresores. A ese ofrecimiento se sumó la Gobernación de Antioquia, duplicando la cifra a un total de 100 millones.

Los investigadores ya recolectan testimonios y pistas relacionadas con el caso. Sin embargo, indicaron que no existen registros en cámaras de seguridad del momento del ataque, lo que ha dificultado el avance del proceso. Una de las principales hipótesis apunta a que los responsables del crimen estarían vinculados a estructuras criminales que operan en el municipio.

Sara Millerey soñaba con una vida libre, sin miedo. Su historia refleja la dura realidad que todavía enfrentan muchas personas trans en Colombia. Su familia y las organizaciones defensoras de derechos humanos exigen justicia y garantías de no repetición.

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Tortura y amenazas: Fiscalía narró el horror vivido por cobrador secuestrado, presuntamente, por hijo de DiomedesZona Cero@zonacero02 de Julio de 20263:55 pmShare:FacebookTwitterEmailWhatsAppLo señalaban de apropiarse de entre 15 y 30 millones de pesos, perteneciente a la organización de préstamo en la que laboraba.El Fiscal Delegado Ante Jueces del Circuito, Rodrigo Restrepo detalló en audiencia de imputación de cargos los hechos por los que hoy es investigado Luis Mariano Díaz González, hijo de Diomedes Díaz y Betsy Liliana González, y otras cinco personas más.El ente acusador explicó que las investigaciones se realizan por los presuntos delitos de secuestro simple y tortura contra Carlos Alfredo Mejía Vargas, quien se desempeñaba como cobrador.Detalló que los hechos ocurrieron a las 12:40 de la madrugada del sábado 23 de agosto de 2025, cuando un grupo conformado por Luis Mariano Díaz, Keiner David Rocha Gamero, Darío Andrés Tirado Bossio, José David Martínez Ibáñez, Alexis Rafael Jiménez Urina y Stiven Rafael Bolaño De La Hoz, y otras 16 personas más, llegaron en cerca de diez motocicletas hasta una vivienda ubicada en el barrio Ciudad Modesto, en Barranquilla. Inversiónportuaria BarranquillaLa Fiscalía sostiene que los implicados, actuando de manera coordinada y con distribución de funciones, ejecutaron un plan para privar ilegalmente de la libertad a Carlos Alfredo, quien se desempeñaba como cobrador de la empresa informal de préstamos denominada «Soluciones Mano a Mano», señalando de apropiarse de entre 15 y 30 millones de pesos, perteneciente a esa organización de préstamo. El Fiscal del caso precisó que los procesados llegaron hasta la residencia de Mejía Vargas, intimidaron con armas de fuego a su familia y obligaron al cobrador a salir de su inmueble. Posteriormente, lo subieron en una de las motocicletas y se lo llevaron contra su voluntad hasta una vivienda ubicada en el barrio Las Granjas, en la localidad metropolitana de Barranquilla.Según los detalles que reveló el investigador, la víctima permaneció retenida aproximadamente entre la 1:00 de la madrugada y el mediodía del mismo sábado, bajo el control permanente de sus captores.Mientras Carlos Alfredo Mejía permanecía secuestrado, los integrantes de la organización establecieron comunicación con sus familiares exigiendo el pago de 15 millones de pesos para dejarlo en libertad.Según el Fiscal, una vez los integrantes de la organización conocieron que la familia no disponía del dinero que exigían, estos sugirieron que entregaran una vivienda mediante la firma de la correspondiente escritura pública a favor de una persona designada por la organización.La Fiscalía sostiene que durante las conversaciones los familiares recibieron amenazas de causar daño tanto a la víctima como a sus allegados si no accedían a las exigencias.La investigación también señala que durante el tiempo que permaneció retenido, Carlos fue sometido a una serie de agresiones físicas y psicológicas con el propósito de obligarlo a aceptar la supuesta desaparición del dinero y revelar su ubicación.Según el relato de la Fiscalía, la víctima recibió golpes de puño en el rostro y otras partes del cuerpo, patadas, golpes con tablas de madera, tubos y otros objetos contundentes.Asimismo, habría sido golpeado repetidamente con la cacha y la punta de un arma de fuego y sufrió heridas ocasionadas con un arma cortopunzante en la mano derecha y en una de sus piernas.La Fiscalía afirmó que durante los actos de violencia llegó al lugar Luis Mariano Díaz González, señalado como líder de la organización, acompañado por Steven Rafael Bolaño de la Cruz y José David Martínez Ibáñez.Según el ente investigador, Luis Mariano Díaz González y Steven Rafael Bolaño asumieron personalmente la dirección de las agresiones.Lea también: Capturan a Luis Mariano Díaz, hijo de Diomedes: lo señalan de coautor de secuestro y torturaEn particular, la Fiscalía indicó que Díaz González habría golpeado en repetidas ocasiones a la víctima en la cabeza con la cacha de un arma de fuego, mientras continuaba exigiéndole que confesara la supuesta apropiación del dinero.Por su parte, Dairo Andrés Tirado Bocio habría participado en el traslado, la custodia y las agresiones contra la víctima.Igualmente, Alexis Rafael Jiménez Urina es señalado de coordinar el inicio de la retención, convocar a los demás integrantes de la organización, participar en las agresiones y mantener el control de la actuación criminal.Los demás procesados, según la Fiscalía, ejecutaron labores de vigilancia, agresiones físicas y amenazas, actuando de manera coordinada y con reparto funcional de tareas para asegurar el sometimiento de Carlos Alfredo Mejía Vargas.