En medio de un operativo de control al espacio público realizado el pasado 30 de octubre en la calle 15, diagonal a la Gobernación de Florencia, se habrían presentado presuntos casos de abuso policial contra dos menores de edad, hijos de la vendedora ambulante Yuli Tatiana Artunduaga Losada, quien denunció públicamente los hechos y aseguró que fueron víctimas de agresiones físicas por parte de uniformados del GOES y funcionarios del Espacio Público.
Según el testimonio de Artunduaga, mujer desplazada por la violencia, madre cabeza de hogar y trabajadora informal, su puesto de ventas fue destruido y decomisado sin orden escrita ni acta de procedimiento, pese a que días antes funcionarios municipales y agentes de la Policía habrían acordado permitir la ocupación temporal del lugar con motivo de la celebración de Halloween. La mujer afirma que, durante el operativo, además de la pérdida de su sustento, le fue hurtada mercancía avaluada en aproximadamente $1.500.000, lo que afecta gravemente su mínimo vital y el sostenimiento de sus tres hijos.
Ante la situación, varios vendedores afectados decidieron realizar un bloqueo pacífico como forma de protesta, exigiendo la devolución de sus productos y respeto por su derecho al trabajo. Durante la manifestación, los hijos de Artunduaga —Sharom Natalia y Andrés Felipe—, ambos menores de edad, se habrían sumado de manera pacífica, sin portar armas ni agredir a los uniformados. No obstante, la madre denuncia que el GOES habría utilizado fuerza desproporcionada para dispersar la protesta, ocasionando lesiones visibles a sus hijos: golpes en la mejilla y mandíbula de la joven, y traumatismos en la cabeza y cuello del menor.
Artunduaga calificó los hechos como un acto de injusticia y abuso de autoridad, asegurando que sus hijos “no representaban ninguna amenaza” y solo buscaban defender su derecho a trabajar. También aclaró que durante los momentos de tensión, una tercera persona ajena a su familia habría agredido a un policía, situación que no justificaba el trato violento hacia los menores.
La afectada presentó denuncias penales y quejas formales ante las autoridades competentes, solicitando una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades. La comunidad exige que se respeten los derechos humanos y se garantice la protección de los menores involucrados.